En los tres estados -Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas- se repiten proyectos ejecutivos mal estructurados.
Con el aumento de los casos de coronavirus, los cuales ya suman 159 -con corte al 3 de abril- en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los gobernadores de estas entidades han pedido recursos federales para atender la pandemia como una catástrofe y han alertado que el tema migratorio coloca en mayor riesgo a la población de la región noroeste del país. Sin embargo, en sus ciudades cuentan con infraestructura hospitalaria que está detenida desde hace seis años debido a una suma de irregularidades.
Durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Salud federal firmó tres convenios con los gobiernos de Rubén Moreira Valdez, en Coahuila; Rodrigo Medina, en Nuevo León y Egidio Torres Cantú, en Tamaulipas, para construir y equipar hospitales de especialidades con recursos del fideicomiso del extinto Seguro Popular. Mismos que hasta el momento no se han logrado concluir.
Debido a esto, al llegar los gobiernos de Miguel Ángel Riquelme en Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León y Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, se firmaron nuevos convenios federales para terminar los mismos hospitales, pero tampoco se han logrado poner en operaciones.
Tras una revisión a los procesos de contratación de la obras, convenios de modificación de inversión y ampliación de plazos, así como a los informes de auditoría que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado a las dependencias estatales y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), la dependencia encargada de administrar y operar los recursos del extinto Seguro Popular ahora transferida al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se logró documentar un esquema de violaciones y omisiones legales en que coinciden las diferentes dependencias de contratación de obra y adquisición de equipo médico en cada estado.
La inversión inicial autorizada para los tres nosocomios, para infraestructura y equipamiento, fue de 979 millones 037 mil 435 pesos, pero tras las modificaciones, los retrasos y las suspensiones de las obras, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto tuvo que realizar un nuevo desembolso de 875 millones 845 mil 533 pesos para concluir los proyectos. Casi el doble del costo original.
Para los tres hospitales se autorizaron en total recursos por mil 854 millones de pesos. Hasta la fecha a las entidades se les han entregado mil 558 millones de pesos para la construcción y el equipamiento de los nosocomios que no han terminado.
En los tres estados -Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas- se repiten proyectos ejecutivos mal estructurados, retrasos en el pago de los anticipos a pesar de contar con el recurso autorizado, obras de mala calidad sin supervisión oficial y convenios modificatorios que se excedieron hasta en tres veces el plazo original para construir las obras.
También los tres estados del noreste repitieron la práctica de comprar el equipo médico antes de concluir la obra, material millonario que se encuentra empaquetado en bodegas y sin seguro contra riesgos.
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado los errores y omisiones de los funcionarios responsables y ha ordenado sanciones administrativas, pero nada ha logrado que los hospitales abran sus puertas.
Las letras doradas que se colocaron al frente del edificio han perdido el brillo y el logotipo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto ha quedado borrado con el paso del tiempo.
Desde lejos la infraestructura se ve concluida, pero al acercarse se pueden observar detalles que demuestran que el edificio aún no está totalmente terminado, como las instalaciones eléctricas al descubierto, techos de interiores sin plafón y aplicación de pintura en mal estado. Así lucía en octubre de 2019 el Centro Oncológico de la Región Sureste de Coahuila, sin embargo, en los últimos días marzo de 2020 al estallar la contingencia mundial por el Coronavirus el gobernador del Estado, Miguel Riquelme Solís anunció que este inmueble sería concluido de forma expedita para atender a pacientes contagiados por coronavirus.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha oficial para el inicio de operaciones, pero el diario Vanguardia reportó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya evalúan las instalaciones del nosocomio para convertirlo en uno de los 10 hospitales en el país que atenderán la contingencia.
El Centro Oncológico de la Región Sureste de Coahuila, ubicado en Saltillo, muestra un esquema de irregularidades similar al que se presentó en Nuevo León y Tamaulipas: retraso en el pago de anticipos, deficiencias en el proyecto ejecutivo que luego derivaron en retrasos de la obra, convenios de modificación que excedieron lo permitido por la ley, así como la compra por 192 millones de pesos de mobiliario para el hospital que permanece embodegado.
En octubre de 2016, cuando la construcción llevaba un año más de lo pactado y se acercaba el plazo para concluirla, la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguarda retrasó el permiso para construcción de la sala de tratamiento para teleterapia con acelerador lineal.
El incidente provocó que la construcción se detuviera cinco meses y reiniciara en marzo de 2017.
En 2018 llegó una segunda etapa para el centro oncológico que fue ganada por la misma empresa que había edificado la primera etapa: Omah Constructores y Desarrolladores SA de CV.
Esta segunda etapa se enfocaría en equipar el centro oncológico y en terminar los detalles de construcción que habían quedado inconclusos en la primera fase, lo cual llevaría sólo 60 días, pero no fue así: en abril de 2018, un par de días antes de que terminara el contrato.
Omah Constructores pidió una ampliación de tiempo argumentando que su proveedor tenía problemas con el abastecimiento de los equipos.
En el convenio de modificación se expuso: "el proveedor de los equipos informó que por causas ajenas a él, como lo es la afectación de la fluctuación del valor peso-dólar, se están generando bajos niveles de inventario, lo cual está ocasionando el retraso en la entrega de los equipos".
El retraso en el equipamiento del hospital aumentó la espera por dos meses más, y luego vino una nueva ampliación por conceptos de "no contemplados en el catálogo original" que llevó hasta noviembre de 2018, y entonces se agotó el plazo con el gobierno federal que había concedido como fecha límite el cierre del ejercicio fiscal de 2018.
El gobierno del Estado se vio obligado a suspender el contrato de forma provisional hasta que consiguió un nuevo acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para invertir recursos de 2019. Entonces se estableció una nueva fecha, ahora para el 30 de agosto de 2019.
En una lona empolvada que yace en el piso desde hace meses se observan imágenes que anuncian un impresionante hospital de especialidades que debió concluirse en diciembre de 2014, hace casi seis años. Se trata de la promesa de un nuevo Hospital General en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.
El nuevo centro de atención médica se construye justo frente al pequeño y antiguo hospital de Sabinas, que sólo atiende consultas con médico general. Para ser atendida por un especialista, la gente de Sabinas Hidalgo y de los pueblos alrededor tiene que tomar carretera hasta por hora y media para llegar a Monterrey y allá recibir ese servicio.
El proyecto para el Nuevo Hospital General de Sabinas Hidalgo inició en junio de 2014, cuando se firmó un primer contrato por casi 200 millones de pesos en el gobierno de Rodrigo Medina.
El hospital de Nuevo León es el proyecto más complejo de entre los tres hospitales del noreste revisados.
Para su construcción se han realizado nueve contratos distintos y uno de ellos fue rescindido porque supuestamente el contratista abandonó la obra, aunque la versión del constructor revela una serie de deficiencias e irregularidades por parte del gobierno del Estado y de la supervisión externa, a cargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ninguno de los nueve contratos terminó la obra en el plazo pactado, por eso tuvieron que autorizar 19 convenios modificatorios que prolongaron la construcción. El plazo pasó de uno a seis años. Tan sólo la primera etapa de la obra, que originalmente debía terminarse el 26 de diciembre de 2014, obtuvo tres convenios modificatorios que retrasaron la conclusión del contrato más de un año, hasta el 26 de febrero de 2016.
A mediados de 2016, ya entrado el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, la Secretaría de Infraestructura lanzó siete licitaciones al mismo tiempo para siete etapas del hospital: obra negra y exteriores, acabados, aire acondicionado, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y telecomunicaciones. El paquete sumó otros 100 millones de pesos adicionales para el hospital.
Para los siete contratos se eligieron a seis empresas que acordaron el inicio de obras para el 1 de septiembre de 2016, con una fecha de conclusión del 28 de febrero de 2017, pero de nuevo, el plazo no se cumplió.
El inicio de por lo menos cinco contratos se tuvo que diferir porque el gobierno no entregó el anticipo a tiempo. Sin este recurso, el constructor no podría iniciar los trabajos.
Meses más tarde, la ASF observó esta práctica y aseguró que en ese momento el gobierno de Nuevo León ya contaba con los recursos para los anticipos, por lo que no había justificación para no entregarlos a tiempo.
"Los anticipos correspondientes no fueron puestos a disposición de las empresas contratistas con antelación al inicio de los trabajos, no obstante que se contaba con los recursos desde el 24 de junio de 2015", señaló en su informe la ASF.
La práctica de diferir o suspender las obras por falta de recursos se repite en las tres entidades y se convierte en una de las principales razones por las que se retrasan las obras, sin embargo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (ahora INSABI) asegura que los gobiernos estatales han recibido los recursos en los plazos pactados.
