La violencia familiar es un problema de gran magnitud y graves consecuencias que, durante mucho tiempo, se consideró exclusivo de la esfera privada, lo que nos ha llevado a cifras alarmantes. En el contexto de la pandemia del COVID-19, las cifras que documentan la violencia de género aumentarán porque es un delito en el que el riesgo para las mujeres aumenta.
De 2015 a 2019 se abrieron un millón 14 mil carpetas de investigación por delitos contra la familia, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las estadísticas de violencia en contra de las mujeres a lo largo del territorio nacional producen alarma, porque en muchas ocasiones la violencia se produce y reproduce en el lugar en el que todas deberíamos sentirnos más seguras: el hogar. Las cifras indican que muchas de las agresiones provienen de la pareja y del entorno familiar más cercano.
En México, como en todo el mundo, la violencia contra las mujeres no se ciñe a una determinada clase social, se ejerce en mayor o menor medida en todos los estratos sociales, no distingue edad, nivel de ingreso, ni escolaridad. Se reproduce en el espacio laboral, en la escuela, en la comunidad y, desafortunadamente, en el hogar.
Tristemente es un delito que, cada vez, es más recurrente y que se agravará por la pandemia del COVID-19, debido a que las medidas de aislamiento generan ansiedad y depresión. Ya lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas que la tensión en los hogares crece y el riesgo de la violencia familiar aumenta para las mujeres.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en los últimos días las denuncias por violencia familiar se han incrementado en un 35 por ciento.
ONU Mujeres establece 16 medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres, en donde destaca la importancia de contar con refugios seguros para las mujeres violentadas y sus hijos.
En este mismo documento, la sexta medida garantiza el acceso universal a los servicios esenciales, como mínimo, las necesidades urgentes e inmediatas de las mujeres y de las niñas atendidas mediante líneas de emergencia que trabajen 24 horas, contando con intervenciones rápidas para su seguridad y protección, con viviendas y refugios seguros para ellas y sus hijos.
Resulta grave que han transcurrido varios meses de que se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación y que se ha declarado ya la fase 2 de contingencia por la pandemia del coronavirus, y la Red Nacional de Refugios no ha recibido los recursos que le fueron etiquetados para su operación.
La situación es grave, porque de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del Inegi, de los 46.5 millones de mujeres encuestadas de 15 años y más, el 66.1 por ciento ha enfrentado algún tipo de violencia.
De los 30.7 millones de mujeres violentadas, en el 43.9 por ciento, el agresor fue su esposo o pareja sentimental actual.
La violencia familiar desintegra y descompone el funcionamiento no sólo de las familias, sino también impacta en toda la sociedad. Combatir la violencia familiar contribuye a la construcción de una cultura de igualdad, que permeará en una mejor convivencia social.
Los refugios y sus centros de atención externa son espacios que salvaguardan la vida y la integridad de las mujeres, hijas e hijos de manera integral y multidisciplinaria, que va desde el seguimiento y apoyo psicosocial, hasta el acompañamiento y la ayuda jurídica gratuita para que comprendan sus derechos y opciones.
Desde 2019, la Red de Refugios opera a su máxima capacidad y sin recursos suficientes debido a la alta demanda; situación que se agrava este año con el retraso en la entrega de los 405 millones de pesos etiquetados como subsidio.
La violencia machista también es una pandemia que es un tema de salud pública y de acceso a la justicia, por lo que debe atenderse de manera intersectorial para verdaderamente garantizar el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia.
Twitter: @Ale_BarralesM
