El COVID-19 está sacando al pequeño dictador que muchos gobernantes llevan dentro. En un principio vimos imágenes de China que mostraban cómo se usaba a la fuerza pública para retirar a gente de la calle e imponer una cuarentena en Wuhan y la provincia de Hubei que a muchos les destrozaba su patrimonio. Quienes daban positivo en las pruebas del nuevo coronavirus eran recluidos en centros de aislamiento o en hospitales. Eran medidas, según los comentaristas de países democráticos, quizá eficaces, pero que no podrían aplicarse en regímenes respetuosos de las libertades.
Falso. No mucho tiempo después vimos cómo varios países democráticos asumían también medidas que violaban las garantías individuales. Algunos empezaron cerrando fronteras, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud mantenía que esto era contraproducente, pero la restricción se aplicaba solo a extranjeros, lo cual desnudaba su carácter xenófobo más que sanitario.
En las últimas semanas países como Italia, España, Chile, Argentina y Bolivia, entre otros, han puesto en vigor cuarentenas y han recurrido a la fuerza pública para detener a ciudadanos por el simple hecho de transitar por las calles o tratar de ganarse la vida. En Argentina, la cuarentena está vigente hasta el 31 de marzo, pero ya se ha planteado la posibilidad de ampliarla al 13 de abril. Alberto Fernández, el presidente peronista, ha declarado, como cualquier dictador: "No me va a temblar el pulso para prolongar la cuarentena".
No es necesario, sin embargo, encarcelar a la gente "por su propio bien" para disminuir la velocidad de propagación de una pandemia. A pesar de los lazos cercanos con China, y de que tenía vuelos diarios con Wuhan, epicentro del COVID-19, Taiwán registraba hasta el 21 de marzo solamente 153 personas con contagio. Según Jaime Caramés Sánchez de la Universidad Nacional de Taiwán y William Hongsong Wang de la Universidad Complutense de Madrid, el éxito taiwanés contra el COVID-19 se debió a la transparencia en el manejo de la información por la que se divulgaban todos los datos de la enfermedad y de los contagios. A quienes daban positivo en las pruebas, se les informaba sobre las opciones que tenían y la mayoría optaba por aislarse de manera voluntaria. Solo en algunos casos, de enfermos graves procedentes de China continental, se ordenó un aislamiento obligatorio.
En Corea del sur se aplicaron cientos de miles de pruebas y los resultados se difundían también, lo que permitió aislar a los enfermos y no a ciudades enteras. Alemania, que tiene solo 149 muertos con 31,554 contagios, contra 2,696 muertes y 39,763 contagios de España o 6,820 y 69,176 de Italia (OMS, 25 de marzo), no ha recurrido como España o Italia a cuarentenas obligatorias. La baja mortalidad en Alemania es al parecer producto de sus mejores instalaciones de salud, pero lo relevante es que no es necesario aplicar medidas dictatoriales para cuidar a la población.
La gente se protege a sí misma cuando tiene información sin necesidad de que un dictador restrinja sus libertades. Ayer caminé por un centro comercial capitalino sin que nadie me amenazara con cárcel. La mayoría de las tiendas estaban abiertas, pero casi no había clientes. La sana distancia se lograba de manera automática, sin violar libertades individuales.
Ojalá que sigamos así en México. El objetivo de la autoridad debe ser preservar la salud de los ciudadanos, no sacar a relucir al pequeño dictador que muchos llevan dentro.
BAJA CALIFICACIÓN
Era inevitable. S&P redujo la calificación de la deuda soberana de México de BBB+ a BBB. La pandemia y el desplome del petróleo son los factores que cita, pero la campaña del gobierno contra la inversión productiva, como en la cervecera de Mexicali o el aeropuerto de Texcoco, sin duda ha pesado también.
Twitter: @SergioSarmiento
