La consideración se da luego de que un motín en la cárcel La Modelo, de Bogotá, causara el asesinato de 23 personas. (ARCHIVO)
El estado de emergencia dictado en las cárceles de Colombia por el Gobierno de Iván Duque, debe servir como un primer paso para aliviar los desafíos del sistema penitenciario y no agotarse sólo como medida transitoria, consideró la Defensoría del Pueblo.
La consideración del organismo defensor se da luego de que un motín en la cárcel La Modelo, de Bogotá, causara el asesinato de 23 personas y al menos otras 83 heridas, por la violenta represión con la que fue sometida la protesta, según acusaron legisladores de oposición el domingo 22 de marzo.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), acordó declarar estado de emergencia penitenciaria y carcelaria en el país, una medida útil pero que no resolverá la crisis de fondo del sistema, consideró la Defensoría.
"La Defensoría del Pueblo apoya al Gobierno nacional en las medidas excepcionales de política criminal, pero considera que las medidas transitorias no apuntan a superar el Estado de Cosas Inconstitucionales y deben aprovecharse con visión, no de transitoriedad, sino de permanencia", apuntó el organismo.
"La estrategia no puede ser coyuntural, sino más ambiciosa y más creativa", expuso, y agregó que es indispensable considerar que el hacinamiento de las cárceles colombianas aumenta el riesgo de contagio de COVID-19.
De esa forma, dictar una herramienta jurídica extraordinaria, como el Estado de Cosas Inconstitucionales al que recurrió el Gobierno nacional, no es suficiente e incluso podría llevar a las cárceles a un hacinamiento aún más crítico, consideró la Defensoría.
Por eso, en coincidencia con los legisladores que exigieron medidas de prisión domiciliaria para casos específicos como estrategia de alivio, la Defensoría del Pueblo llamó a otorgar esa condición a presos mayores de 60 años, a quienes tengan medidas de aseguramiento menores a ocho años y para quienes hayan cumplido la mitad de sus penas, con excepción de delitos atroces o de personas que hayan pertenecido a grupos criminales.
"La Defensoría del Pueblo convoca al Gobierno nacional para que las medidas que se adopten tengan en cuenta a quienes están detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), y en las estaciones de policía donde el Estado de Cosas Inconstitucionales es peor que en los establecimientos carcelarios", añadió.
