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Terca impunidad

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

La aprobación de la cuenta pública por parte del Congreso de Coahuila el lunes pasado, que corresponde al año de 2017, último ejercicio del gobierno de Rubén Moreira, escribe la página más reciente de una historia de impunidad en el Estado, en relación con la gestión de los gobiernos sucesivos de los hermanos Moreira, que dejaron tras de sí la deuda estatal de mayor cuantía por habitante en todo el país, que sofoca a los coahuilenses desde el año de 2011 y que seguiremos pagando por lo menos durante veinticinco años más.

En efecto, el lunes pasado la Legislatura Local aprobó por mayoría de votos la cuenta pública de referencia, a despecho de los graves señalamientos hechos en contra, en el seno de la Comisión de Cuenta Pública del propio Congreso, que pusieron de manifiesto graves anomalías que fueron dejadas de lado por una mayoría de diputados sumisos que se plegaron a la consigna dictada por el gobernador Miguel Riquelme, cómplice, tapadera y causahabiente del moreirato. El resultado en comento cuestiona el desempeño de la totalidad de los protagonistas políticos de Estado, porque revela la existencia de una bancada priista incapaz de romper con un pasado vergonzoso y por el contrario, confirma que los Moreira siguen controlando al gobierno de Riquelme y al PRI de Coahuila, la peor de las versiones del PRI.

La aprobación de la última cuenta relativa a la gestión de Moreira Rubén, pone el último clavo de la tumba política en la que quedan enterradas las esperanzas cifradas en el que se supuso sería el primer Congreso de mayoría de oposición en el Estado, y que ha resultado un fiasco. En efecto, la bancada priista completó mayoría con el apoyo de una diputada del Partido Morena, lo que obliga a los dirigentes de dicho partido a pronunciarse al respecto, fijando posición respecto al proceder de la diputada referida, cuyo sentido de voto la hace aparecer como cómplice del moreirato, no solo a ella en lo particular, sino al partido Morena que la llevó al cargo.

Por lo que toca al Partido Acción Nacional su desempeño en el caso también deja mucho que desear, porque si bien los diputados Juan Antonio García Villa y María Eugenia Cáceres, han acreditado un buen desempeño de su cargo, en tratándose del tema relativo a la transparencia y rendición de cuentas del Gobierno, lo cierto es que constituyen honrosas excepciones que los distancian del rumbo de Acción Nacional en sus relaciones con el Gobierno de Riquelme que al fin y al cabo, es parte del moreirato.

Por ello, también resulta reprobable la incapacidad del partido blanquiazul para combatir la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila vigente, que fue emitida a inicios del actual sexenio, con la intención específica de nulificar la mayoría inicial que tuvo la oposición en el Congreso. Dicha Ley limita las alianzas de los partidos de oposición al interior de la Legislatura, contra toda regla democrática y en contra de la sana práctica parlamentaria, lo que desplazó el poder de decisión al interior del Congreso en favor de la primera minoría, que corresponde a la bancada del PRI.

Otro factor justificado de sospecha respecto del comportamiento de PAN de Coahuila, es su complicidad en el reparto de las posiciones dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ha hecho caminar a dicho partido de la mano del gobierno de Riquelme, en la designación de Magistrados que carecen de los atributos y del perfil para desempeñar el cargo, con lo que de manera increíble ambos partidos han politizado como nunca antes, la designación de quienes tienen a su cargo la impartición de justicia en la entidad.

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