Protesta pacífica en San José por el asesinato de Jehry Rivera. (EFE)
El segundo asesinato de un dirigente indígena en el marco de un conflicto por territorios ancestrales en Costa Rica en menos de un año vuelve a demostrar la urgencia de una solución que el país no ha podido encontrar, pese a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Jehry Rivera murió la noche del lunes cuando otro hombre le disparó en varias ocasiones en medio de una riña en la que participaron unas 20 personas, entre indígenas y no indígenas, en el marco del conflicto por la recuperación de tierras en el pueblo Térraba (sur).
Allí, grupos de indígenas suelen recuperar terrenos ancestrales por su propia cuenta, pues dicen que se cansaron de esperar a que el Gobierno lo haga.
Esto ocasiona hechos violentos con las personas no indígenas, e incluso algunos indígenas, que dicen ser propietarios legales de los terrenos.
EL SEGUNDO MUERTO EN MENOS DE UN AÑO
Jehry Rivera, un defensor de las tierras y las fuentes de agua en las comunidades indígenas, es la segunda víctima mortal de este conflicto que se ha extendido por años en las comunidades del sur de Costa Rica.
Las autoridades informaron que un hombre, al parecer también indígena, se entregó voluntariamente y confesó ser el autor del crimen, aunque alega legítima defensa.
La asesinato de Rivera ocurrió casi un año después del de Sergio Rojas, otro líder de las comunidades indígenas del sur del país.
Rojas falleció tras ser atacado a balazos en marzo de 2019, sin que hasta ahora las autoridades hayan identificado a los responsables.
Las organizaciones indígenas del país ha señalado que el Gobierno es responsable de la muerte de los dirigentes por no haber recuperado y devuelto las tierras a las comunidades, mientras que la Defensoría de los Habitantes notificó lo ocurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
UN COMPLEJO CASO
La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, envió esta semana a la CIDH un informe sobre la situación de las comunidades indígenas de Costa Rica.
En el año 2015 la CIDH dictó medidas cautelares en favor de las comunidades indígenas de Salitre (etnia bribri) y Térraba (etnia teribe), ubicadas en el sur del país, en la provincia de Puntarenas, y que han sido escenario de disputas violentas por tierras entre indígenas y no indígenas.
