En la revisión hecha en el Congreso de Coahuila, sobre la cuenta pública rendida por el Ejecutivo del Estado en relación con el ejercicio correspondiente al año 2018, arroja un desvío de recursos por parte del Gobierno que encabeza Miguel Riquelme, por la cantidad de mil ciento cuatro millones de pesos.
Lo anterior se desprende del Dictamen presentado al Pleno del Congreso por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del propio órgano legislativo, que coordina el diputado Juan Antonio García Villa, según información que se desprende de un artículo editorial de la autoría del referido legislador, publicado en El Siglo de Torreón la semana pasada.
El desvío de recursos se hace consistir, en el hecho de que habiendo un superávit de dos mil doscientos millones de pesos, en la recaudación de ingresos de libre disposición prevista en aquel ejercicio, la mitad de tal excedente debió aplicarse en abono a la amortización de deuda pública, lo cual no ocurrió en el caso que nos ocupa. Según el diputado García Villa, la omisión referida viola los artículos 14-I de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y Municipios, y 33 B fracción I, de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos, por lo que es obligado concluir que los mil ciento cuatro millones en comento, fueron fue desviados por el Gobierno de Riquelme, hacia propósitos distintos al destino previsto en la Ley.
Lo anterior es grave en sí mismo, pero con mayor razón en el caso de la situación financiera específica del estado de Coahuila, que a raíz de los Gobiernos sucesivos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, se distingue como la entidad federativa con mayor deuda pública per cápita (por habitante) de todo México. La deuda mencionada además de su desmesura, tuvo como vicio de origen el de haberse contraído en parte mediante la falsificación de documentos oficiales del Congreso local.
Dada la magnitud de la megadeuda y el hecho de que los recursos destinados a su pago se destinan en su mayor parte al cubrir el servicio y alcanzan a pagar solo una parte mínima del capital, se estima que tardaremos en amortizarla por lo menos veinticinco años contados a partir de la fecha, adicionales a los nueve últimos años, en los que los coahuilenses hemos estado pagando intereses. El actual nuevo desvío dada su magnitud y reincidencia no puede pasar desapercibido, y menos para un Congreso que presume de ser el primero en la historia del Estado, en el que la oposición al Gobierno en turno es mayoría.
Lo que procede en este caso en términos de lo que dispone el artículo 76 fracción XXXIV de la Constitución de Coahuila, es que el Congreso inicie los procedimientos para determinar las responsabilidades derivadas del desvío de fondos, en contra de los funcionarios que resulten responsables. El objetivo a seguir es la consignación de los culpables por el Delito de Peculado previsto en el artículo 195 del Código Penal del Estado, que comete el funcionario público que disponga de dinero del erario en beneficio propio o ajeno, lo cual implica el desvío de los recursos mencionados hacia otro fin, que no fue el de amortización de la deuda pública a la que en este caso obliga la Ley.
El hallazgo del ilícito que es objeto de comentario, pone a prueba la voluntad política y la eficiencia de la mayoría opositora en el Congreso y su compromiso de lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, y brinda la oportunidad para que la Fiscalía Anticorrupción de reciente creación, despierte de su letargo.
