Las autoridades mexicanas pueden ser muy eficaces cuando quieren. La investigación que ha llevado a la detención de los dos presuntos homicidas de la niña Fátima son un ejemplo. Con el uso de imágenes de cámaras de vigilancia y de investigación tradicional, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y otras instituciones dieron con los presuntos responsables en unos cuantos días.
¡Qué contraste con la situación cuando no hay una instrucción superior o presión de los medios! Miles de denuncias se quedan olvidadas en cajones. porque no son consideradas importantes o porque nadie ha aportado dinero para darles relevancia.
En México se cometen 32 millones de delitos al año, de los cuales 99 por ciento quedan impunes, según el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Con este grado de impunidad es un milagro que no tengamos más delitos. Dos factores pesan en esta impunidad. Uno es, simplemente, la falta de recursos: no hay capacidad física en los ministerios públicos para recibir todas las denuncias, mucho menos investigarlas y darles seguimiento. El otro factor son las leyes que complican innecesariamente las acciones de justicia.
Los ministerios públicos se han convertido en oficinas de transcripción de declaraciones. Las denuncias se presentan solo cuando hay necesidad de tener un documento legal del agravio, como en el robo de automóviles, pero casi nadie las levanta si no hay esa obligación, porque se sabe que son una pérdida de tiempo. Las únicas investigaciones que se hacen son aquellas en que la víctima paga. La falta de recursos en los ministerios públicos se ha traducido en una privatización de la procuración de justicia y en una veda práctica para que los pobres tengan acceso a la justicia.
Las complicaciones burocráticas son otra barrera. En los países desarrollados cualquier policía puede llevar a cabo una detención; la flagrancia se entiende de manera amplia; las órdenes de cateo o aprehensión se expiden de manera rápida y eficaz; las denuncias llevan a acciones legales sin necesidad de dar dinero a los agentes. En México, los obstáculos para la investigación son enormes: la flagrancia se interpreta de manera muy estrecha; un delincuente que se introduce a una casa ya no puede ser detenido; los jueces se tardan demasiado y ponen demasiados obstáculos para girar órdenes de aprehensión o de cateo.
Consideremos el caso de los presuntos responsables del asesinato de Fátima. Una vez que la fiscalía capitalina los identificó, había que ubicarlos y detenerlos. La fiscalía dio a conocer sus fotografías y una denuncia ciudadana llevó a la aprehensión. No faltará, sin embargo, el abogado que afirme que esta divulgación de sus imágenes fue una violación de sus derechos humanos. Y es muy probable que los jueces estén de acuerdo. Ayer por la mañana, por otra parte, estaban detenidos por cohecho, por haber ofrecido dinero a los policías, porque no habían llegado a Atizapán las órdenes de aprehensión.
Necesitamos una reforma al sistema de justicia. No me refiero a la reestructuración interna del Poder Judicial que ha propuesto el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Requerimos reglas que hagan más fácil la detención y castigo de los criminales. Debemos, además, dar a las fiscalías y ministerios públicos los recursos suficientes para hacer su trabajo. Si no lo hacemos, seguiremos viviendo en un país en que solo los casos importantes se resuelven.
FUCAM
La Fundación de Cáncer de Mamá ha suspendido "la atención gratuita a la población más desprotegida del país". Esto se debe a la desaparición del Seguro Popular y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Insabi. Ni siquiera los gobiernos más conservadores habían dejado a las mujeres más pobres sin tratamiento para el cáncer.
Twitter: @SergioSarmiento
