Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP). (EL UNIVERSAL)
Al lamentar el feminicidio de Fátima, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), informó que está en curso una investigación para determinar si, al hacer omisiones a los protocolos de seguridad, hubo faltas administrativas que ocasionaron que la menor se encontrara en un estado de vulnerabilidad.
En la firma del acuerdo de colaboración entre la SFP y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para verificar la efectividad del nuevo protocolo de prevención del acoso sexual en el ámbito de la administración pública federal, Sandoval detalló que, a través del Órgano Interno de Control de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, la dependencia a su cargo le dará seguimiento a este asunto, y resaltó la actuación del Gobierno capitalino al capturar a los presuntos autores del feminicidio.
"Esta semana inició con una noticia que nos dolió y no llenó de rabia a todos los mexicanos, es el caso de Fátima, pero también estamos conscientes de que es un nuevo Estado y hay una nueva voluntad política al haber dado resultado las acciones de las autoridades de la Ciudad de México y de la Fiscalía de la Ciudad de México en la captura de quienes atentaron contra esta pequeña niña de siete años.
"Y desde la SFP vamos a hacer nuestra tarea, vamos a anunciar, ya la estamos realizando de hecho, una investigación exhaustiva, a través de nuestro Órgano Interno de Control de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, para investigar si hubo faltas administrativas para que esta pequeña se encontrara en una situación de vulnerabilidad tan atroz. Tenemos que erradicar las formas de violencia y cualquier vicio de discriminación", agregó.
Por su parte, Daniel García Cortés, coordinador de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, aclaró que esta investigación es de índole administrativa para determinar "si existieron responsabilidades a cargo de algunos de los servidores públicos; es muy importante hacer esta distinción, porque no es un tema penal, no es tema civil, es un tema de responsabilidades administrativas".
"Obviamente estamos en la etapa inicial, lo que estamos esperando es justamente hacer un cierre de pinzas con las demás actividades que se están realizando por parte de las instancias gubernamentales competentes y obviamente se les estará dando la información conducente en los momentos oportunos", destacó.
Cuestionado sobre cuáles serían las sanciones a las que serían acreedores aquellos funcionarios si se comprobará que hubo alguna responsabilidad en el caso, García Cortés señaló que están establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
"Tenemos un catálogo que va desde una amonestación hasta una inhabilitación, y obviamente para poderles decir específicamente cuál sería la sanción impuesta, necesitamos primero hacer la investigación y posteriormente cumplir con las formalidades del procedimiento administrativo", señaló.
