Los datos hablan solos: de más de 12 mil detenidos en este periodo, sólo hubo 182 sentencias y fueron por posesión. (ESPECIAL)
La falta de preparación y la poca capacidad de las autoridades de Tijuana para actuar en el combate al narcomenudeo están devolviendo a miles de acusados a las calles de esta frontera, la más mortal del país, debido a la venta de drogas.
Estas omisiones provocaron que, de 2016 a mediados de 2019, ya con el nuevo sistema de justicia penal, no se lograra sentenciar a nadie por el delito de comercio de drogas.
Los datos hablan solos: de más de 12 mil detenidos en este periodo, sólo hubo 182 sentencias y fueron por posesión.
El día que Federico compareció en la sala 4 del nuevo sistema de justicia penal de Baja California tenía a su lado únicamente a un abogado de oficio. Sin mayor preocupación aceptó la acusación de la policía de Tijuana: llevaba 91 envoltorios de metanfetaminas.
Delgado y con la cabeza casi rapada, el trabajador de una de las miles de fábricas de esta frontera se mantuvo callado y atento durante la audiencia. Con timidez afirmó entender su situación legal. Y aunque los 36 gramos de metanfetamina que llevaba estaban muy por encima de los 40 miligramos que permite la Ley General de Salud para consumo personal, la fiscalía no presentó elementos suficientes que comprobaran que se dedicaba a la venta de estupefacientes.
El resultado fue que dos días después obtuvo su libertad condicional con tres simples condiciones: no usar drogas, tener un empleo y estar localizable. El Ministerio Público y varios agentes policiacos auguraron dos escenarios: Federico regresaría a las filas del narcomenudeo o probablemente lo asesinarían. La sentencia de muerte se cumplió.
El círculo mortal
La historia de Federico se repite sistemáticamente en las salas del Poder Judicial en Baja California: presuntos narcomenudistas entran y salen sin sanciones severas por la droga que les encuentran, llevando a Tijuana a una espiral de violencia que parece no tener fin, según datos de la fiscalía.
"Podemos decir con toda precisión que la gran mayoría de las muertes están relacionadas con narcomenudeo", dice Jorge Álvarez Mendoza, fiscal regional.
A pesar de esta relación en la ciudad fronteriza ningún juez logró una sentencia por distribución de drogas en los primeros tres años de operación del nuevo sistema de justicia penal, de acuerdo con datos entregados vía transparencia. Esto ocurrió al mismo tiempo que el municipio se posicionó como el más violento del país con más de 6 mil homicidios de 2016 a 2019, según las últimas cifras del gobierno federal.
Entre junio de 2016 y agosto de 2019 las diferentes corporaciones policiacas de Tijuana detuvieron mensualmente, en promedio, a 300 personas que llevaban desde marihuana hasta heroína, según los datos del Poder Judicial, obtenidos vía transparencia. En total, 12 mil 308 detenidos, pero sólo uno de cada 10, es decir mil 254, llegaron ante un tribunal. Ahí, el embudo se hace más delgado: únicamente 182 completaron su proceso penal. Estas cifras son las que hacen que Tijuana esté muy cerca de ser considerada la capital del narcomenudeo.
En los juzgados no parece haber una verdadera pelea contra el comercio de drogas. Las pocas sentencias que lograron fue por posesión simple, la variante de este delito con la pena más laxa. La realidad en los juzgados es clara: "El sistema está colapsado", aseguró un juez que pidió no ser identificado y que calcula atiende hasta 12 audiencias diarias, la mayoría por narcomenudeo.
Del total de personas llevadas ante la fiscalía, por delitos relacionados con drogas, cuatro de cada 10, es decir 4 mil 565, ya habían pisado esas oficinas por lo menos una vez antes. De esta población reincidente, 56% llevaba entre tres y 13 aprehensiones en sus récords, según datos de la fiscalía estatal.
Además de esto el Tribunal de Justicia respondió que, en ese mismo periodo, los jueces de Control declararon ilegales 331 detenciones. Los jueces argumentan que no es difícil emitir estas conclusiones cuando se leen las carpetas con la información policiaca. En las más de 150 sentencias revisadas se encontró que los agentes muchas veces conservan la misma versión para más de un caso e incluso en distintas carpetas se leen narraciones similares de cómo y por qué hicieron la detención.
El análisis hecho de todas las detenciones, sentencias y homicidios, respalda las voces de jueces y abogados consultados: la cadena de impartición de justicia en Tijuana está rota. La policía invierte gran parte de sus recursos y de su tiempo en aseguramientos cuestionables, mientras el Ministerio Público procesa aportando poca evidencia y con magros resultados.
En esta línea los tribunales se convierten en simples supervisores de un trámite en el que tratan a los imputados como enfermos y no como delincuentes, apelando a la legislación antidrogas.
El detonador de homicidios
Entre junio de 2016 y julio de 2019, Tijuana, una ciudad de 1.8 millones de habitantes, registró 6 mil 190 homicidios, un promedio de cinco asesinatos diarios, de acuerdo con los datos de la fiscalía que fueron analizados. "De la problemática que tiene la ciudad en seguridad, 80% y 85% está relacionado con la cuestión de narcomenudeo", explica Mario Martínez, exdirector de la Policía Municipal.
Cuando aún estaba al frente de la corporación, recuerda, sus oficiales detenían todos los días a personas con droga. La metanfetamina, conocida como "cristal", era lo que más encontraban.
Ese es un patrón que ha seguido con los años. En 90% de las detenciones analizadas, el arrestado llevaba metanfetamina. En segundo lugar se encontró la marihuana. Y mientras que la ley permite portar entre una y dos dosis, los casos que versan en los reportes portaban en promedio 24 envoltorios de cristal y/o 20 envoltorios de marihuana.
"Es triste ver que aseguramos a una persona por cometer un delito en la ciudad y que a las 48 horas sale, o muchas veces en una semana hemos agarrado a la misma persona tres veces. Pues es una burla, la verdad", dice Mario Martínez.
Funcionarios de las corporaciones policiacas y de justicia sostienen que las principales víctimas de homicidio son vendedores de droga que quedan en medio del enfrentamiento que mantienen los cárteles de Sinaloa, los remanentes de los Arellano Félix, y el Jalisco Nueva Generación, por el control del narcomenudeo en las colonias. En esa guerra por las calles, las esquinas y los parques, el costo social es muy alto. El promedio de edad de las víctimas es de entre los 25 y los 35 años.
La cadena de impunidad
De las tres instancias enfocadas en combatir este problema la policía es el primer peldaño de la justicia y también el más criticado por jueces y ministerios públicos que señalan que sus detenciones frecuentemente tienen irregularidades que llevan a un proceso fallido. Pero al mismo tiempo, son los que tienen un menor presupuesto para trabajar.
En 2019 el Congreso le autorizó 12.5 millones de pesos, una cifra muy baja comparada con los mil 483 millones de pesos que obtuvo la fiscalía, antes Procuraduría de Justicia, y también se queda por debajo de los mil millones de pesos que recibió el Poder Judicial.
"Las condiciones laborales, salariales y materiales no promueven que la actuación de los policías municipales pueda ser la mejor [...] el problema es que desde que se implementó el nuevo sistema nos enfocamos más en el Poder Judicial y en las procuradurías y dejamos de lado a los policías", explica Reynaldo Saldívar, miembro de Causa en Común.
Los agentes de la policía municipal de esta frontera no están dispuestos a que toda la culpa recaiga sobre ellos y aseguran que el nuevo sistema de justicia está fallando porque es excesivamente "garantista". Sus quejas se enfocan en un mismo punto: el Ministerio Público y los jueces le dan más credibilidad a los derechos humanos de los delincuentes.
"Es el talón de Aquiles de nuestras leyes y al ciudadano le afecta, porque la persona que se metió a robar a mi casa tiene más derechos que yo como afectado", dice Francisco García, supervisor de la Policía Municipal de Tijuana.
Se solicitó entrevista con el nuevo secretario de Seguridad de Tijuana, Jorge Ayón Monsalve, pero no estuvo disponible para responder a los señalamientos contra el actuar de sus policías.
La estructura criminal
En el pasado "había un desdén" de los cárteles hacia la venta de droga en las calles porque se concentraban en el tráfico a otros países, pero eso cambió. "Ahora encontramos que en ciertos estados de la República las estructuras criminales ya tienen interés en el tema del narcomenudeo", explica Sánchez Zamora, exdelegado de la PGR en Baja California.
En esta ciudad fronteriza el narcomenudista es el último eslabón de los cárteles de la droga. Son contratistas independientes encargados de la venta en las colonias y sitios como bares. Aquellas pandillas que peleaban a puñaladas por el barrio son las que hoy se matan a balazos, asegura un veterano detective que pidió no ser identificado.
Todo esto, más el crecimiento de la impunidad con la que operan los narcotraficantes, y las complicaciones para el contrabando a Estados Unidos han hecho que este mercado florezca en ciudades mexicanas como Tijuana. Y aunque no se compara con las ganancias de la exportación ilegal, se volvió una creciente fuente de ingresos por el aumento de la farmacodependencia en México.
Policías e investigadores coinciden en que la venta de drogas en la calle es el modus vivendi de amplios sectores de la población tijuanense, aunque esto muchas veces les cueste la vida. Los oficiales tienen de primera mano declaraciones de cómo funciona este negocio. "Tienen su salario: 500, 700 pesos. Creo que 700 pesos los que trabajan 10 horas", dice el supervisor García, quien tiene más de 20 años patrullando Tijuana.
Federico, un joven que apenas rondaba los 30 años de edad, era probablemente uno de ellos. El sistema intentó darle una segunda oportunidad, pero el 27 de diciembre de 2019, fecha en la que tenía que presentarse a su examen antidoping, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida. Lo asesinaron a golpes. Una prueba de que en Tijuana el crimen es más rápido que la justicia.
*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto de investigación del ICFJ en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
