El viernes 7 de octubre se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación la Primera Reunión Intersecretarial para Garantizar el Abasto de Medicamentos para el Sector Salud. Lo curioso es que buscaba resolver un problema que supuestamente no existe: el desabasto de medicamentos.
Presidió la junta la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero no asistió el titular de Salud, Jorge Alcocer. Dijeron que estaba enfermo, aunque ese mismo día se dio a conocer una foto en la que firmaba un convenio de colaboración con el embajador de Ecuador. El subsecretario Hugo López-Gatell representó a Salud. Participaron también los directores del IMSS y del ISSSTE, la nueva oficial mayor de Hacienda, el titular de la Cofepris y representantes de Economía y el Insabi, así como ejecutivos de la industria farmacéutica.
Hubo "una nueva actitud, positiva, de los representantes del gobierno", me dice un asistente. Según un comunicado, se crearon cuatro mesas de trabajo para establecer "una política nacional que contemple la participación del gobierno y la industria farmacéutica para prevenir problemas de abasto de medicamentos".
La reunión es un reconocimiento del desabasto. El presidente López Obrador ha declarado que "ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos", pero el problema es "un boicot por parte de los que manejaban este gran negocio". Su solución ha sido ordenar la importación de medicamentos sin cumplir los requisitos legales o sanitarios.
La crisis no solo existe, sino que es autoinducida. Los procedimientos de adquisición revelan ineptitud o incluso mala fe. El modelo anterior de compras consolidadas se aplicó con éxito en siete ocasiones bajo la coordinación del IMSS. Hoy es responsabilidad de la Oficialía Mayor de Hacienda, que hizo una compra extraordinaria en junio de 2019 y una compra consolidada en diciembre de 2019.
Las licitaciones se han realizado con retrasos y problemas. La junta de aclaraciones de la compra extraordinaria se aplazó tres veces y cuando finalmente se llevó a cabo, el 14 de junio, se dio a los licitantes solo de las 10 de la noche a las 8 de la mañana para formular repreguntas. La compra consolidada se convocó el 3 de diciembre de 2019, demasiado tarde para 2020, y los resultados apenas se dieron a conocer el 24 de diciembre.
La Oficialía Mayor de Hacienda aplicó criterios muy distintos a los del IMSS y generó confusión. No hubo un procedimiento estandarizado de solicitudes de cotizaciones, lo que generó miles de preguntas sobre las bases. No se consideraron los costos de distribución. Se introdujeron mecanismos no contemplados en la ley, como los llamados "procesos competitivos", peticiones de cotizaciones directas a algunos proveedores a los que se mostraban las propuestas de sus rivales (una falta de ética) y se les pedía que las mejoraran. Se modificó el catálogo de insumos sin publicar la versión final.
El Gobierno dice que hay ahorros, pero no hay forma de verificarlo. Lo que sí sabemos es que el presupuesto es menor y que se están comprando menos medicamentos. Eliminar de la licitación el costo de distribución no es un ahorro, porque al final se tendrá que pagar.
Si había que cambiar el sistema, se debió haber hecho gradualmente y con especialistas que conocieran el funcionamiento de la industria. Hoy por lo menos ya hay diálogo. La Reunión Intersecretarial tratará de resolver el problema de desabasto que no existe. Para muchos pacientes, sin embargo, puede ser demasiado tarde.
PRIVATIZACIÓN
Ante la inepta administración de PDVSA y las sanciones internacionales, Venezuela está delegando en socios extranjeros una creciente parte del negocio petrolero. Es una "privatización disfrazada", señala el New York Times.
Twitter: @SergioSarmiento
