En la colaboración anterior comentamos las evaluaciones sobre el Índice de Sociedades Sostenibles (ISS) y el Índice Básico de las Ciudades Prósperas (ISP) con las cuales se miden avances en el desarrollo de zonas metropolitanas en México y sus aplicaciones a la zona metropolitana de la Comarca Lagunera, donde nos clasifican con un nivel intermedio con respecto a 56 de las 59 zonas metropolitanas definidas por el Consejo Nacional sobre Población.
En esas evaluaciones se considera la variable de gobernanza que en el ISS se le contempla principalmente dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 17 (ODS) referente a las Alianzas para lograr objetivos y que alcanza una de las calificaciones más altas con respecto a la evaluación de los otros ODS, mientras que en el ISP tiene una calificación baja, particularmente en la Gobernanza de la Urbanización.
Al respecto surge una pregunta ineludible cuando una comunidad metropolitana se propone promover su desarrollo con un enfoque de sostenibilidad: ¿Por qué es importante la gobernanza? De entrada diríamos porque parte de una visión incluyente del desarrollo, de considerar a mayorías y minorías económicas, sociales y políticas en el proceso de planeación y toma de decisiones sobre los objetivos, estrategias, programas, proyectos y acciones en los que se verán involucrados.
En la historia de nuestro país, como de la propia región, las decisiones fundamentales sobre la definición de políticas públicas federales y locales con mayor frecuencia se han tomado de manera cupular, excluyente. Son las élites económicas y políticas quienes han tomado las decisiones centrales que determinan el desarrollo de las zonas metropolitanas (en el mayor de los casos aún ocurre), mismas que responden a los intereses creados entre los componentes de ambas élites, siendo una característica de esta situación la asociación y complicidad entre ellas para apropiarse de la mayor parte de la renta urbana.
Es ese interés grupal o particular que se antepone al interés público uno de los principales limitantes en el proceso de democratización de México, pero también para orientar ese desarrollo por el camino de la sostenibilidad. Esto se observa desde la asignación de parte importante de los fondos públicos como en la apropiación y uso de los recursos naturales que desempeñan un papel clave para el crecimiento económico y el desarrollo social, particularmente en el acaparamiento del suelo urbano y la definición sobre sus usos.
La expansión urbana de las metrópolis en México destaca por suceder de manera desordenada, orientada en función de favorecer ese acceso lucrativo a la renta urbana; es el caso de la creación de espacios habitacionales que al no responder a una planeación enfrentan dificultades para la movilidad y acceso a servicios públicos de quienes residen en ellos, aunado a que incrementan el costo de vida para acceder a los centros laborales, educativos y comerciales, así como en la provisión y renovación de los equipamientos básicos para suministrar agua potable, drenaje, pavimentación, limpieza y energía eléctrica por parte de los gobiernos locales.
De ahí que ordenar y volver funcionales los espacios urbanos desarticulados resulta una tarea titánica, pero ineludible, misma que será más factible si es incluyente, si considera no solo a las élites que conforman las minorías dominantes sino también a las mayorías menos favorecidas por las condiciones económicas, sociales, ambientales y políticas en que viven. Esto conduce a plantear desde el inicio de los procesos de planeación una definición de mecanismos más abiertos de participación de los ciudadanos de las metrópolis.
Como lo señalan las evaluaciones descritas, en la mayor parte de los casos las zonas metropolitanas tienen legislaciones locales que determinan marcos normativos disímbolos y frecuentemente anacrónicos. Es por ello que una nueva visión del desarrollo sostenible de la metrópoli a nivel local requiere una actualización y articulación, también de manera metropolitana, de esos marcos normativos, lo que implica una revisión, no solo de expertos del gobierno o la academia, sino de los propios ciudadanos que valide los más adecuados mecanismos que faciliten esa participación.
Ciertamente, toda apertura implica un proceso que, de antemano, no debe estar sujeta a los tiempos de permanencia de un Gobierno local proveniente del mismo o diferente partido político, sino a mediano y largo plazo, y que de entrada debe valorar el cumplimiento de los ODS en los tiempos propuestos originalmente, de modo tal que si no es posible cumplirlos se ajuste y actualice la visión estratégica de ese desarrollo deseado.
El gran reto es hacer compatibles los intereses particulares de quienes han sido beneficiarios de esta expansión urbana desordenada y el interés público de los ciudadanos, particularmente de los menos favorecidos con las políticas públicas hasta ahora diseñadas e implementadas. De ahí la importancia de un diseño adecuado del modelo de gestión que posibilite una mayor gobernanza, una visión incluyente del desarrollo metropolitano.
Uno de los instrumentos clave para avanzar en lo anterior es la actualización y estandarización de los reglamentos de participación ciudadana de las ciudades que forman parte de la metrópoli, no sería aceptable que Torreón tenga un reglamento diferente al de Gómez Palacio, debe apostársele, hasta donde sea posible, a definir reglas similares que permitan esa participación ciudadana. Lo mismo debe ocurrir con otros instrumentos normativos.
Parece que el actual gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está implementando un programa que pretende avanzar en ese reordenamiento del desarrollo metropolitano, ojalá que en el diseño de los instrumentos que definen estas políticas públicas le apuesten a promover una gobernanza innovadora y no que se sustente en las estructuras socioinstitucionales vigentes, para potenciar ese desarrollo con una orientación sostenible.
