Los contratos, solo en el sexenio del expresidente priista Enrique Peña Nieto, rebasaron los 40 mil millones de pesos.
El Gobierno federal detectó una "estafa magistral", realizada por administraciones anteriores, a través de la contratación millonaria de servicios informáticos con empresas cercanas a funcionarios públicos, proveedores favoritos y el uso discrecional del gasto.
Por estos hechos, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional interpuso 50 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la utilización de recursos en servicios de tecnologías de la información y comunicación que, sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, rebasaron los 40 mil millones de pesos.
Las irregularidades se registraron en contratos para bloqueo de comunicaciones, sistemas de inteligencia, seguridad de información, manejo de datos biométricos, centros de datos y de control, licencias de operación, fibra óptica, obtención y procesamiento de videos y hasta fotocopiado e impresión, informó ayer Emiliano Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia.
Al realizar un diagnóstico, el Gobierno federal encontró desorden administrativo, ya que se usaron las partidas para "enmascarar" el gasto en tecnología y ocultarlo en rubros como sistemas administrados, integrales o de seguridad.
Además, las compras y proyectos no eran verificados, no se realizaban evaluaciones y se entregaban contratos con tráfico de influencias.
"Contratos y bases de licitación que favorecían a ciertos proveedores. En muchas ocasiones se pedían características únicas que sólo una empresa podía dar. Tampoco existían cláusulas específicas de migración para poder cambiar de proveedor", indica el informe presentado ayer en Palacio Nacional.
"Contratos millonarios con empresas cercanas a funcionarios. Se favorecía a empresas particulares a costa del recurso público y esto fue una constante en muchas compras de gobiernos pasados".
Mercado mostró ayer ejemplos de excesos e irregularidades en el ISSSTE, las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hasta el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En este último caso se detectaron excesos en los sistemas de bloqueo de comunicaciones móviles de cárceles estatales, en los que se invirtieron 193.7 millones de dólares; en sistemas para la obtención y procesamiento de videos a distancia, con un costo de 204.5 millones de dólares, y en soluciones de inteligencia, con un gasto total de 143.9 millones de dólares.
De acuerdo con el informe presentado, en la Secretaría de Desarrollo Social se gastaron 274.7 millones de pesos para la compra de un sistema de información social integral que nunca entró en funcionamiento.
"El conocimiento y capacitación estaba en manos de personal ajeno a la Secretaría, 43 de los 65 contratos fueron adjudicados a personas físicas y se adquirieron licencias no utilizadas por 105 millones de pesos", aseveró.
El funcionario federal reconoció que, a pesar del cúmulo de irregularidades, será difícil lograr que alguno de los involucrados termine en prisión, ya que en la mayoría de los casos los contratos no incumplen con la ley, a pesar de las fallas y los costos excesivos que implicaron.
"Ese robo del que se habla, a veces nosotros decimos que lo del tema de tecnologías no es la 'estafa maestra', sino la 'estafa magistral', porque es muy difícil encontrar lo robos", dijo.
