Los diputados finalmente no pasaron del discurso a la realidad en el tema de salud mental. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El monto de recursos que se destina en Durango a la salud mental representa una violación a los derechos humanos, ya que no alcanza para llevar a cabo programas efectivos para la prevención de problemáticas como el suicidio, donde la entidad está entre las 10 con mayor incidencia del país.
Así lo consideró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Güereca Díaz, quien se refirió a la propuesta que se presentó recientemente en el Congreso por la diputada Catalina Mercado, quien planteó que los recursos del Registro de Vehículos Extranjeros se destinen a salud mental.
"Yo ya había hecho un señalamiento de que se me hacía hasta una violación a los derechos humanos el presupuesto tan bajo al Instituto de Salud Mental, hablábamos de un millón 400 el año pasado, cuando nuestro estado está entre los 10 estados de la República con mayor tasa de suicidios, donde se incrementó el 13 por ciento del año anterior al siguiente", declaró tras reconocer la propuesta.
Y es que, se prevé que para este año el Instituto de Salud Mental opere con el mismo millón 400 mil pesos que se le asigna cada año, del cual se deben pagar también los gastos operativos, por lo que queda poco para prevención, de acuerdo a los datos proporcionados por el propio instituto.
Esto pese a que los diputados, en la discusión del presupuesto 2020 que se dio a finales de 2019, prometieron redireccionar recursos de áreas menos prioritarias a salud mental, lo que finalmente no se concretó.
Además, se deben corregir estrategias como la relativa a la línea de atención en el tema de suicidio, ya que quienes llaman son canalizados al programa Esmeralda.
"No es posible que si ya tenemos que hablar al 911 y que pasan al Programa Esmeralda, que está enfocado a la violencia contra la mujer y me dicen que ahí mismo está la cuestión de la línea para el suicidio. Yo creo que se debe separar, no debe estar en el programa Esmeralda", enfatizó el ombudsman.
Y reiteró que si las instituciones tienen poco presupuesto "no tenemos la capacidad ni de exigirles y esperar resultados a corto o largo plazo".
Vale la pena mencionar que en la Ley de Egresos del Estado 2020 el Instituto de Salud Mental, ni siquiera está contemplado entre las dependencias y entidades de la administración pública, por lo que no se especifica su presupuesto, lo que sí ocurre en el caso de otros institutos.
