El sistema público más complejo con el que tienen que lidiar todos los Gobiernos del mundo es el de salud. El de pensiones es ciertamente el más costoso, pero conceptualmente simple comparado con los retos técnicos y administrativos que conllevan los sistemas de salud. Por ejemplo, durante las últimas dos décadas el gobierno mexicano ha tratado de proveer servicios de salud a la población sin seguridad social mediante el llamado Seguro Popular. Este es un sistema descentralizado en el que el Gobierno federal actúa como regulador, pero son las entidades federativas las que brindan, financiadas mayormente por aportaciones federales, los servicios de salud en sus hospitales y clínicas.
El Seguro Popular ha tenido sus aciertos, pero también, la verdad sea dicha, sus fracasos. Al margen del programa están más de veinte millones de mexicanos y, de manera igualmente grave, hay algunos sistemas estatales de salud donde es notoria la falta de planeación y de rendición de cuentas. Al parecer por ello, el Gobierno creó a partir de este año el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el cual pretende recentralizar, de facto, no solo la provisión de los servicios de salud sino también los gastos de operación, incluidos los laborales, de los sistemas estatales de salud. Además pretende eliminar las cuotas sociales y proveer de manera gratuita, en todos los niveles hospitalarios, los servicios y medicamentos que requiera la población abierta.
¡Vaya idea! Para empezar, el impacto sobre las finanzas públicas que tendrían todas esas tareas del Insabi sería mayúsculo. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el centro de investigación mexicano más afamado en la materia, el nuevo sistema requeriría un financiamiento por encima del 3 por ciento del PIB, una cifra que, para darnos una idea, equivale a más del 20 por ciento de todos los ingresos tributarios con los que cuentan, juntos, el Gobierno federal y todos los Gobiernos estatales y municipales. Para continuar, el Gobierno federal pretende también implantar el nuevo sistema de un día para otro, sin tener un periodo de transición que permitiese diseñar las reformas tanto en asuntos federales como tributarios que se requerirán más tarde que nunca.
Aun cuando es justa la apreciación gubernamental de que el actual sistema de salud no es el óptimo, lo que el Gobierno federal está haciendo al crear el Insabi para ese fin es tirar al niño con el agua de la bañera. Por su naturaleza, los proveedores de los servicios de salud a la población abierta deben seguir siendo los sistemas estatales de salud, junto con las clínicas del IMSS Bienestar. Por otro lado, sí urge rediseñar sus procesos administrativos. Así como la Secretaría de Salud es, o debería ser, el gran regulador del sector en materia de salud pública, el Insabi debe ser el gran regulador de los sistemas estatales en materia administrativa.
En ese papel alternativo, el Insabi podría, entre otros asuntos, supervisar la nómina nacional de todos los trabajadores de los sistemas estatales de salud, y podría también fijar los precios de referencia para la compra de medicamentos y equipos médicos en todos los estados. Pero su misión fundamental sería, antes que nada, el tratar de integrar a todos los planetas y satélites que constituyen el Sistema Nacional de Salud.
Como está recomendando desde hace años la Organización Mundial de la Salud para cada país, el Insabi podría ser el promotor de redes integradas de salud para toda la República. Redes de hospitales, y también de personal, que se crearían no solamente dentro de cada uno de los estados, sino también entre estados adyacentes y regiones. En su papel de regulador, el Insabi no solamente supervisaría el buen funcionamiento de las redes, sino que podría jugar también el papel de cámara de compensación para los pagos que se deban entre sí los sistemas de salud estatales e, inclusive, el IMSS y el ISSSTE.
