Gobernanza es un término que se repite cada vez más no solo en el discurso académico, se observa con frecuencia en la información mediática y en el ámbito político dentro de la discusión sobre la democracia, particularmente a nivel local. En pocas palabras se refiere a las diferentes formas en que los ciudadanos inciden en la toma de decisiones sobre políticas públicas, aunque también existe la gobernanza corporativa en el sector empresarial privado.
Ante la necesidad de ordenar el crecimiento poblacional y de los espacios físicos de las zonas metropolitanas se ha planteado que esto será posible si se realiza con una gobernanza adecuada, donde los diversos actores económicos (empresarios), políticos (gobiernos) y sociales (ciudadanos) se involucren en el diseño e implementación de los planes de desarrollo.
Al respecto se vienen realizando esfuerzos importantes para ordenar a las 59 zonas metropolitanas del país definidas por el Consejo Nacional sobre Población (CONAPO), como son el índice de Sociedades Sostenibles (ISS) y el Índice Básico de las Ciudades Prósperas (ISP o CPI, por sus siglas en inglés). En el primer caso, de acuerdo con el informe que publica Citibanamex (publicado en la página del IMPLAN de Torreón), señala que en 2018 el 54% de la población mundial se ubica en las ciudades y ocupa el 3% del territorio, pero consume el 80% de la energía y genera el 75% de las emisiones de carbono, estimándose que para 2050 esa población subirá al 66%; en México hoy el valor es de 80%.
Son estas tendencias de crecimiento urbano concentrado en las zonas metropolitanas lo que plantea grandes retos para su desarrollo, partiendo de que en la mayor parte de ellas ha sido desordenado en los usos del suelo y todo lo que esto implica para la creación de infraestructura, prestación de servicios públicos, consumo no sostenible principalmente de energía, abasto de agua, ubicación de empresas y distribución del mercado laboral, entre otros aspectos.
En este ejercicio se enmarca esa propuesta de ordenamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 20-30 de Naciones Unidas. La metodología evalúa 107 Indicadores de aspectos económicos, sociales y ambientales, y establece un Semáforo de Control alineados con dichos objetivos y agenda, delimitando las zonas metropolitanas como subregiones nacionales, en este caso 56 de las 59 definidas por CONAPO.
Los resultados de esa evaluación en 2018 indican que el promedio nacional es de 49.40 puntos, siendo la zona metropolitana de Guadalajara la que tiene mayor puntuación con 58.31 y la más baja la de Tecomán con 37.71 puntos. La zona metropolitana de La Laguna queda intermedia con 52.78 puntos al no ser parte de las que tienen mayores avances pero tampoco entre las menos favorables.
En cuanto al Semáforo de Control, La Laguna se ubica en el lugar catorceavo con bajos valores (semáforo amarillo) en siete de los diez y seis Objetivos de Desarrollo Sostenible considerados, valores intermedios en cinco objetivos (semáforo naranja) y valores altos en cuatro objetivos (semáforo verde), destacando no tener valores muy bajos (semáforo rojo) o muy altos (semáforo verde fuerte). Entre los valores altos se ubican los objetivos de Fin de la pobreza, Agua limpia y saneamiento, Ciudades y comunidades sostenibles y Alianzas para lograr objetivos.
Si bien todos esos indicadores y semáforos se encuadran en el marco del desarrollo sostenible deseado, destaca el último por referirse a la forma en que los actores locales (gobierno, empresarios y ciudadanos) establecen alianzas o acuerdos para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esa es la parte que los laguneros debemos revisar para que el ordenamiento del desarrollo urbano de nuestra zona metropolitana tome el curso correcto, se potencie y fortalezca en el futuro próximo, dependiendo mucho de los modelos de gestión que apliquemos en esta región, es decir, de la adecuada gobernanza.
La otra propuesta, el Índice Básico de las Ciudades Prósperas, considera como una de sus variables la Dimensión de la Gobernanza y la Legislación Urbana, integrando tres subdimensiones (Participación y Rendición de Cuentas, Capacidad Institucional y Finanzas Municipales y Gobernanza de la Urbanización), a las cuales asigna un puntaje como zona metropolitana de 52.72, 52.90 y 0.00, indicando que presenta una valoración débil y con un impacto negativo en la prosperidad urbana.
Señala que para alcanzar esta prosperidad es necesario que la legislación local, la administración pública y las estructuras de participación ciudadana armonicen el funcionamiento de las demás dimensiones. Los resultados de ambas evaluaciones son aspectos que los laguneros debemos considerar en este proceso de ordenamiento del desarrollo urbano metropolitano, algo que el IMPLAN de Torreón viene señalando y a lo que los ciudadanos debemos hacer eco para enriquecer su aportación.
