Se defendieron de las acusaciones vertidas por el Gobierno de Marina Vitela que en pasados días señaló que en el proceso de Entrega-Recepción, se habían detectado presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. (ANGÉLICA SANDOVAL)
Exfuncionarios públicos de la anterior administración municipal de Gómez Palacio se defendieron de las acusaciones vertidas por el Gobierno de Marina Vitela que en pasados días señaló que en el proceso de Entrega-Recepción, se habían detectado presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por un monto total de 432 millones 225 mil 523.89 pesos.
En rueda de prensa, el exsíndico municipal José Lorenzo Natera, dijo que el único objetivo era informar a la ciudadanía gomezpalatina sobre las aclaraciones por parte de diversas dependencias de la gestión 2016-2019 con relación a los citados señalamientos, además de aclarar que no habría sesión de preguntas y respuestas, entre medios de comunicación y exservidores.
Los exfuncionarios que asistieron fueron Francisco Bardán, actual regidor y exoficial mayor; Aideé Román Vázquez, actual regidora y exdirectora de Sistemas; Adelmo Ruvalcaba, exdirector del Sideapa; Juan José Ramírez, extitular de Catastro; Juan Salazar, quien era director de Servicios Públicos; Javier Calderón, excontralor, y el extesorero municipal, Óscar García Villarreal.
En su intervención, Calderón señaló que reconocen que de conformidad con la Ley de la Entrega-Recepción para las administraciones públicas, se tiene que cumplir con fechas y procedimientos, y que en algunos casos no se dieron.
“Estamos conscientes de nuestra responsabilidad y comprometidos para aclarar los posibles señalamientos que se presenten en el futuro ante las responsabilidades correspondientes”, dijo.
El extesorero municipal explicó que en relación a la información difundida, ratificará lo dicho en las dos comparecencias previas en las que fue requerido.
Dijo que su presentación sería amplia, pues abarca más del 60 por ciento del total de observaciones que fueron señaladas.
Respecto al contrato de servicios profesionales y referente a que no se tenía un presupuesto autorizado, “me permito aclarar que es potestad, que es decisión, se tiene la libertad que la administración municipal en turno, adecúe el presupuesto de Egresos a los requerimientos que día a día se presentan durante la gestión”.
Dijo que la adecuación del presupuesto de pago de honorarios fue aprobado por el Cabildo anterior, el pasado 29 de agosto de 2019.
Mencionó que en la segunda comparecencia a la que acudió, se entregó por escrito un documento que vincula la cláusula de contrato de servicios con la factura, y con los importes que hayan sido en su caso, recuperados, condonados o negociados a favor del municipio para cada uno de los servicios contratados y pagados.
Comentó que otra aseveración del actual gobierno, es que no se realizó licitación pública nacional como lo indica la ley para la contratación de servicios Asesorías legales, a la empresa Asesorías y Consultorías Jurídicas Raval S.A. de C.V.
Explicó que los servicios contratados al inicio de la pasada administración, no pudieron ser sujetos a una licitación pero que el prestador de servicios aceptó que el pago de sus servicios, estuviera condicionado al éxito de sus gestiones y, en caso de fracaso, a no recibir pago alguno.
De los pagos por Asistencia Social que se detectaron en la Dirección de Egresos en el periodo 2016-2019 sin supuesto sustento legal por 146 millones de pesos, se explicó que sí estaba permitido endosar, comprobar y registrar un cheque y que no era “una maquinación fraudulenta” pues es una práctica bancaria necesaria y común para disponer de dinero en efectivo.
Expuso que el recurso era entregado a los beneficiarios en las visitas que se hacían a diversas áreas rurales y a diversos sectores de la ciudad, donde es prácticamente imposible “disponer de una copiadora para pedirle a la gente una copia de su credencial de elector”.
Detalló que en consultas que se realizaron tanto en las áreas jurídicas internas como especialistas electorales externos, se recibió la recomendación de no solicitar copia de la credencial de elector al dar apoyos para evitar caer en algunos de los supuestos de delito electoral.
Indicó que se optó por entregar los apoyos con un recibo debidamente requisitado donde consta la persona que lo recibe y apoyos que corresponden a todo el periodo de la administración, por los tres años.
Así como el extesorero, cada uno de los exservidores públicos, presentó una respuesta a cada punto señalado por el actual Municipio y según se informó, aún no tienen programado presentar alguna denuncia.
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