Para los políticos siempre es importante culpar a alguien, a quien sea, en los casos con gran repercusión en medios. Todo sea para evitar que la gente responsabilice al Gobierno. Por eso el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, culpó primero a un videojuego del asesinato de una maestra por un niño de 11 años en Torreón. Como la gente no quedó convencida, la Fiscalía de Coahuila ha detenido al abuelo, quien con la abuela se hacía cargo del pequeño tras la muerte de la madre y la ausencia del padre. La Unidad de Inteligencia Financiera ha decidido además congelar las cuentas bancarias del abuelo, para que no pueda contratar a un abogado.
El fiscal Gerardo Márquez Guevara ha explicado: "A esta persona le estamos atribuyendo el homicidio de la maestra que pierde la vida en este lugar, desde luego por haber asumido una conducta omisiva, siendo negligente en la tenencia de un domicilio particular donde cohabitaba con un menor de edad".
"Las armas estaban en la casa y no hay hasta el momento ninguna justificación legal para tenerlas en su domicilio". Una de las armas era calibre .25 y no hay indicios de que haya tramitado permiso de tenerla en casa, mientras que la otra, calibre .40, era de uso exclusivo del ejército, por lo que no podría haber tramitado permiso. Estas fueron las justificaciones para detener al abuelo.
En realidad, como resabio de un olvidado pasado liberal, el artículo décimo de la Constitución reconoce el derecho a tener armas en el domicilio. Es verdad que se excluyen las de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pero violar este precepto es una falta administrativa y no un crimen.
Al abuelo se le acusará de homicidio "por haber asumido una conducta omisiva que tiene que ver con haber sido negligente en la tenencia de armas de fuego en el domicilio, en particular donde habitualmente cohabitaba un menor de edad". La pena podría ser de 18 a 35 años de cárcel.
Es muy injusto. La idea del castigo en los sistemas modernos de justicia es disuadir a los criminales de cometer nuevas faltas. Al abuelo, sin embargo, se le castigaría por un homicidio que no cometió. Si alguna conducta se estaría disuadiendo es la de apoyar a un huérfano, a pesar de que el propio presidente ha dicho que los abuelos cuidan mejor a los niños que las estancias infantiles. Si los tutores van a ser considerados responsables de las faltas de los menores, el mensaje es que sería mejor enviar a los niños a instituciones. Este caso, por otra parte, es singular: el niño tenía buena conducta y un desempeño adecuado en la escuela.
No es inusitado que en México se castigue a inocentes por razones políticas. El 20 de junio de 2008 la policía del Distrito Federal llevó a cabo un operativo en la discoteca New's Divine que, al parecer, tenía el propósito de detener a jóvenes para extorsionarlos. Murieron 13 por asfixia, la mayoría que solo cometían el delito de divertirse. No se castigó a los jefes policiacos que llevaron a cabo el operativo ni a los políticos ante los que respondían. Solo permanece en la cárcel Alfredo Maya Ortiz, dueño y administrador del establecimiento, quien ni organizó el operativo ni cerró las puertas para evitar que los jóvenes escaparan. Su verdadero delito fue no ser político ni comandante de policía.
Hoy vemos una historia similar. El abuelo es detenido y sus cuentas son congeladas porque hay que castigar a alguien. Así es la justicia mexicana.
VUELVE EL TP-01
Ya viene de regreso el avión que no tenía ni Obama y que no interesó a Trump, el que costó 30 millones de pesos en mantenimiento y resguardo en un hangar de California, el que nos dijeron tenía decenas de ávidos compradores. Al final, nadie lo quiso.
Twitter: @SergioSarmiento
