No hay nada gratis en la vida, solo distintas formas de pagarlo. Esta verdad se aplica a los servicios públicos, que implican costos importantes. El cobro puede ser eficiente o no, generar incentivos adecuados o perversos, ser sostenible o no, saldarlo el usuario o el contribuyente, pero es inevitable.
El presidente ha prometido que la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos en México. El primer paso es la creación del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar. El "mal llamado" Seguro Popular cobraba una cuota mínima a los afiliados que podían pagarla.
"Todas las personas en el país sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados" dice un anuncio del Insabi. "Ya no se requiere afiliación. La atención incluye medicamentos, análisis, estudios, diagnósticos clínicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización en su caso, todo de manera gratuita".
El anuncio señala, sin embargo, una gran excepción. Los servicios "gratuitos" solo los tendrán quienes están "sin seguridad social". Los afiliados al IMSS o al ISSSTE, y las empresas o instituciones que los emplean, tendrán que seguir pagando cuotas. Sin estas, o sin recursos frescos, las dos instituciones quebrarían en muy poco tiempo.
El Seguro Popular buscó aplicar el mismo esquema a quienes no tienen IMSS o ISSSTE. Padeció siempre de una gran escasez de recursos, porque muchos afiliados estaban exentos del pago, pero cumplió con el propósito de proporcionar servicios de salud a quienes no tenían seguridad social.
Algunos especialistas serios ofrecieron críticas al sistema. Santiago Levy argumentó, en su ya clásico Good Intentions, Bad Outcomes de 2008, que al ofrecer servicios médicos a personas sin seguridad social se debilitaba la creación de empleos formales. Levy sugería usar recursos tributarios, de la aplicación de IVA a alimentos y medicinas, para financiar la seguridad social de todos, con o sin empleo formal.
El pecado original del Insabi es no entender que los servicios y medicamentos deben financiarse de alguna manera. La institución ha eliminado los cobros por aseguramiento y ampliado el número de beneficiarios, sin identificar fuentes adicionales de ingresos. Por eso está recortando servicios.
Dinamarca, que el presidente usa de ejemplo, financia 84 por ciento de sus gastos médicos con impuestos y el resto con seguros privados. El sistema es bueno, pero lejos de ser gratuito es muy caro: 10.4 por ciento del producto interno bruto. Si México tiene un PIB de 24 billones de pesos corrientes (Inegi), un sistema como el de Dinamarca costaría alrededor de 2.5 billones de pesos anuales. ¿Qué tan cerca estamos? La Secretaría de Salud tendrá en 2020 un presupuesto programable de 128,600 millones de pesos, 20 veces menor.
A todos nos gustaría tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pero no lo lograremos si persistimos en la mentira de que será gratuito. Evitar que los gastos médicos catastróficos recaigan sobre la familia en el momento de la enfermedad es un buen objetivo de política pública, que ya tenía el Seguro Popular, pero para conseguirlo tendremos que cubrir el gasto con impuestos, seguros o una combinación de ambos. En la vida, después de todo, no hay nada gratis. Mucho menos la salud.
¿EXPERIENCIA?
El Insabi está mal diseñado. Ni siquiera un experto en salud pública podría sacarlo adelante bien. Pero no ayuda en nada que el titular, Juan Antonio Ferrer, no tenga ninguna experiencia en salud pública. A pesar de eso, cobra un sueldo de 97 mil pesos mensuales netos, alrededor de 130 mil pesos brutos.
Twitter: @SergioSarmiento
