Ayer el director regional de la Comisión Nacional del Agua (CNA) declaró que el proyecto de potabilizar el agua superficial del río Nazas era la prioridad institucional para atender en 2020 el problema del agua en la Comarca Lagunera, afirmando que se contempla elaborar el proyecto ejecutivo sobre dicha obra. Observamos que esta es la opción gubernamental sobre la cual no todos coincidimos, no por simple oposición sino porque creemos que hay que explorar otras alternativas.
La versión oficial de esta propuesta que ha circulado en un documento ejecutivo firmado por la CNA y la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED), al cual han denominado "Agua Saludable", contempla una obra que el año pasado se estimó en 5,390.9 mdp, a los que se adicionaron 2,859.4 mdp para el mejoramiento en la eficiencia de las redes de distribución de agua urbana. Un financiamiento oneroso para un proyecto que contempla en el año 2040 suministrar 196 hm3 para uso doméstico urbano, de los cuales 120.0 hm3 provendrán de las aguas superficiales potabilizadas y 76 hm3 continuarán extrayéndose del subsuelo.
Al respecto surgen algunas preguntas: ¿Qué pasará después de 2040 cuando continúe creciendo la población y la economía local, y por consecuencia la demanda de agua? ¿Qué medidas paralelas o complementarias se contemplan implementar para reducir la sobreexplotación del acuífero principal? Documentos oficiales de la propia CNA estiman un período de vida de este acuífero de aproximadamente 40 años, entonces ¿Cuál es la aportación de esta obra a la solución de la grave problemática hídrica regional?
Vale la pena recordar algunos datos. Según el último estudio de disponibilidad de agua en el acuífero principal (2018, correspondiente a datos de 2015) se extraen anualmente 1,088.5 hm3 y se recargan 534.1 hm3, de los cuales solo están concesionados 647.7 hm3, por lo que hay un bombeo ilegal de 440.9 hm3; a esto hay que agregarle los volúmenes que se extraen de pozos ilegales, los llamados "clonados" sobre los cuales hay un reconocimiento oficial de su posible existencia pero no un registro de los mismos, lo que para algunos significa que los bombeos deben estar al triple o cuádruple de los que se recargan.
Con base a estos datos, los volúmenes que se ahorrarán con la potabilizadora son insignificantes considerando los extraídos en estos momentos, entonces la potabilizadora poco aporta a la recuperación del acuífero, tan solo 120 hm3. Ciertamente, proveerá agua sin arsénico a la población pero no atiende la sobreexplotación y contaminación de nuestro ya exiguo acuífero.
Aunado a esto, es una obra destinada a atender el problema de suministro durante un periodo relativamente corto de tiempo, dos o tres décadas, agua que se extraerá de las presas pero que estará sujeta a las lluvias que las alimentan ante un escenario de variabilidad climática en una región desértica, donde se estima que los promedios de precipitación presentarán una tendencia descendente, como ocurrió el año pasado. Es, por tanto, una fuente de agua vulnerable y esa vulnerabilidad se transferirá a quienes dependeremos de ella.
Suponiendo que la obra se autoriza, una vez actualizada la información financiera y técnica del proyecto, observamos un silencio oficial sobre posibles acciones a realizar para frenar la sobreexplotación del acuífero principal, silencio que se convierte en omisión gubernamental. Expertos locales y foráneos han sugerido opciones al respecto, particularmente la urgencia de medir las extracciones de manera confiable mediante un sistema de telemetría (un medidor que contabiliza el volumen extraído en cada pozo en tiempo real que transfiere los datos a un satélite y de este a un centro de mando, donde es más difícil hacer chapuza), alternativa que se ha aplicado en otros sitios del país y en Estados Unidos con resultados exitosos para regular las extracciones del subsuelo.
Esta opción la hemos propuesto grupos y organismos ciudadanos desde hace varios años, incluso fue aceptada por el Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval a inicios de 2016. Entendemos que la CNA no la incluido en sus propuestas de presupuesto anual por las presiones locales de quienes suponemos se verían afectados por sostener superficies agrícolas con volúmenes de agua mayores a los que les fueron concesionados, pero ya es ineludible aplicar esta medida, la cual, algunos creemos que debe hacerse mediante un esquema de negociación con los usuarios de aguas superficiales, particularmente con quienes tienen asignadas la mayor parte de las concesiones.
Entendemos el impacto que tiene reducir las extracciones ilegales, sean realizadas en los pozos concesionados o clonados, ya que ante la falta de regulación a que han estado sujetos incrementaron sus superficies de cultivos y el hato ganadero, pero no estamos pensando en que deba hacerse de inmediato sino que se les dé un plazo para que se ajusten a la disponibilidad hídrica. Creemos que lo importante es aplicar soluciones y no buscar culpables.
Por ello creemos que aún estamos a tiempo para que se asignen fondos oficiales para realizar el estudio técnico y económico-social sobre el impacto que tendrá establecer este sistema de medición confiable, pero también para realizar el estudio científico-técnico que determine la viabilidad de recargar el acuífero principal o el referente a otra opción recientemente propuesta de recuperar el caudal ecológico en el tramo del río Nazas que atraviesa la zona metropolitana. Creemos que debemos explorar otras opciones a la que el gobierno federal ha priorizado, que no sea solo una prioridad son que estas se amplíen, finalmente estamos a tiempo para poder optar por aquella que mejor convenga a la población y la economía regional, incluso se ha pensado que esos recursos provengan de los fondos metropolitanos.
