Después de un rato las autoridades suspendieron la prueba en varias escuelas. (EFE)
Estudiantes de bachillerato, los mismos que hace dos meses detonaron una crisis social inédita en Chile, boicotearon el martes por segunda jornada consecutiva la rendición de una prueba de ingreso a la universidad.
Grupos de estudiantes ubicados en las afueras de algunas escuelas donde se tomaba el examen gritaron e hicieron ruido para impedir el silencio necesario para rendir la prueba, mientras otros ingresaron a las sedes y corrían y metían bulla en los pasillos. Se observaron muchas discusiones y hasta empujones entre jóvenes partidarios del boicot y padres de alumnos que querían someterse a la llamada Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Después de un rato las autoridades suspendieron la prueba en varias escuelas. Algunos alumnos salieron llorando mientras otros se quejaron porque habían invertido tiempo y dinero para prepararse para el examen.
En Chile existe una enseñanza claramente estratificada: de los 3,5 millones de estudiantes en torno del 35% concurre a escuelas públicas gratuitas, un 55% asiste a colegios particulares con subvención estatal y cerca de un 8% a institutos particulares, y la calidad de la enseñanza que reciben se refleja en los resultados de la PSU.
La PSU es considerada discriminatoria por líderes de los alumnos de bachillerato porque refleja en sus resultados la calidad de la educación: los alumnos de grupos acomodados ingresan casi todos a la universidad, seguidos por los jóvenes de clase media mientras quienes provienen de los colegios públicos generalmente quedan afuera de la educación superior.
En algunas escuelas de barrios acomodados se observaron grupos de policías que las resguardaban, mientras unos pocos se ubicaron en barriadas de menos recursos.
La víspera unos 42,000 estudiantes, de un total de 297,400, tampoco pudieron rendir la prueba. Las autoridades dijeron que tendrán una nueva oportunidad en los próximos días. De momento no han informado cuántos alumnos pudieron rendir el examen el martes.
Debido al estallido social del 18 de octubre y las multitudinarias manifestaciones y olas de violencia que lo siguieron, las autoridades suspendieron la prueba en noviembre y diciembre. Los dirigentes de las protestas contra la PSU demandaron, sin éxito, una tercera postergación y un mecanismo de "emergencia" para seleccionar a quienes ingresarán a las universidades en 2020.
La derogación de la PSU, cuya modificación es analizada por especialistas, no estuvo incluida en las primeras demandas sociales que incluían mejores pensiones, salarios, salud y educación de calidad.
