Entre junio y septiembre de 2009, fueron detenidos 150 policías municipales acusados de proteger a grupos criminales. Las pruebas no fueron contundentes y la mayoría salió 5 años después; sin embargo, no pueden rehacer su vida.
Acusan que el expresidente Felipe Calderón los utilizó como un instrumento político en una guerra fallida contra el narcotráfico, al igual que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Los exagentes piden una indemnización y que se borren del sistema sus antecedentes penales.
Cabe recordar que García Luna tras su detención en Estados Unidos, no solicitó apoyo consular, asimismo, se negó a declarar y entregar cualquier información tanto a la Unión Americana como al Gobierno de México.
