Esta acción fue posible antes de que entre en vigor la reforma mediante la cual se modificaron diversas leyes. (ARCHIVO)
Como efecto inmediato de la "poderosa" reforma penal fiscal contra los factureros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), logró que siete empresas se regularizaran y pagaran al fisco 2 mil millones de pesos.
Esta acción fue posible antes de que entre en vigor la reforma mediante la cual se modificaron diversas leyes y los códigos Fiscal Federal y Penal, que operará a partir de enero de 2020.
Son siete compañías cuyos nombres no se dieron a conocer, debido al secreto fiscal, que por acuerdo reparatorio están proporcionando información de quiénes son los que venden los comprobantes, para iniciar las investigaciones y llegar a las cabezas de los evasores. Las firmas compraron facturas para deducir operaciones que no se realizaron.
"Se vio un periodo de autocorrección de diversas empresas que se han venido acercando en primera instancia al SAT y después con la procuraduría fiscal, antes de entrar en vigor la reforma", dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
En conferencia, precisó que se pudo hacer una recaudación de un total de 2 mil millones de pesos. Agregó que este es un ejemplo de lo que es esta reforma tan "poderosa", que antes de que surta efectos legales ya contribuye a aumentar la recaudación sin necesidad de recurrir al terrorismo fiscal.
Por su parte, el procurador Carlos Romero comentó que las empresas admitieron que estaban conscientes de la compra de facturas falsas. "Al saber de la gravedad de la reforma y las implicaciones penales, decidieron acercarse a la procuraduría para corregir su situación fiscal, pero eso no quita el delito".
Al acudir a la procuraduría fiscal, repararon el daño y se hizo un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía General de la República, informó. Tuvieron que pagar el impuesto omitido, la actualización y los accesorios o recargos.
Nombramientos. Respecto a los nombramientos que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de Raquel Buenrostro como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y de Thalía Lagunes como Oficial Mayor de Hacienda, Herrera dijo que surten efectos desde el momento de las nominaciones.
Por lo que no hay ningún riesgo de que al tardar la ratificación ante el Congreso estén sin titular dichas instancias. "Los efectos no se dan en el momento de la ratificación, sino del nombramiento", expuso.
Carlos Romero explicó que el artículo 89 constitucional establece que los nombramientos surtirán efecto desde el momento de su emisión, pero si no fueran ratificados quedarán sin efectos.
