Consideran que violan el derecho a la intimidad y privacidad de los ciudadanos laguneros. (ARCHIVO)
La asociación civil Formemos un Cambio presentó un amparo en contra de la instalación de videocámaras de vigilancia con reconocimiento facial en La Laguna, por considerar que viola el derecho a la intimidad y privacidad de los ciudadanos laguneros.
Piden que se declare inconstitucional la transferencia de datos por no tener el consentimiento del ciudadano como se ha anunciado por parte del ejecutivo estatal.
Álvaro Cárdenas Rodríguez, cofundador y presidente de esta asociación, dijo que están a favor de la instalación de videocámaras de vigilancia para mejorar la seguridad como sucede en otras ciudades del país, en negocios y hogares, pero rechazan las que el Gobierno está instalando actualmente y que realizarán reconocimiento facial. Explicó que la asociación realiza acciones para generar litigio estratégico en temas que cuartan las libertades y derechos de ciudadanos en la Comarca Lagunera, por lo que decidieron ampararse contra la instalación de este tipo de cámaras con reconocimiento facial por ser muy diferentes a las videocámaras de vigilancia normales. Explicó que esto es debido a que el grado intervención en la intimidad y el derecho a la privacidad son de grado diferente. Indicó que la videocámara que se tiene en casa y en distintas ciudades busca mejorar la vigilancia, con la cual dijo estar de acuerdo con su implementación. Sin embargo, no están de acuerdo con las de reconocimiento facial por tener un distintivo importante: para que pueda reconocer a la persona esa cámara tuvo que haberse dado una transferencia de los datos personales de la sociedad, tanto biométricos y todos aquellos datos personales con los que cuenta actualmente el mercado.
Informó que, con ello, la autoridad sabe quiénes son, dónde viven, quiénes son sus familiares, entre otra información, al darse el cruzamiento de datos para realizar la identificación de las personas.
Cárdenas apuntó que de acuerdo a lo declarado por el gobernador Miguel Riquelme se utilizaron para el reconocimiento facial tres bases de datos que lo retroalimentaron: INE, licencias de conducir y la Plataforma México.
Aseguró que, pese a que se manejan acuerdos de privacidad para el manejo de información, con esas bases de datos el Gobierno tiene a casi toda la población lagunera identificada y sin haber solicitado su autorización. "Estamos pidiendo que se declare inconstitucional la transferencia de datos sin nuestro consentimiento".
