El jueves pasado, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Rafael Ortega. (ARCHIVO)
La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) autorizó este sábado al Estado la nacionalización de una de las empresas manejadas por Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente del país, Daniel Ortega, que fue recién sancionada por Estados Unidos.
La denominada "Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense", presentada por Ortega con carácter urgente, fue aprobada con 73 votos de los sandinistas y sus aliados, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.
La Ley traspasa los inventarios de la sancionada Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), bajo el control del hijo mayor de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, al Estado de Nicaragua.
El jueves pasado, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Rafael Ortega, y dos empresas bajo su control utilizadas para el "lavado del dinero".
"Rafael Ortega es el principal gestor de dinero detrás de los ilícitos mecanismos financieros de la familia. El Tesoro está sancionando a Rafael y las empresas que posee y usa para lavar dinero, con el que sostener el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Las empresas designadas por el Gobierno estadounidenses son Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A., a las que acusa de ser utilizadas por Rafael Ortega "para generar beneficios, lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen de Ortega".
Asimismo, el Tesoro incluyó en su lista de compañías sancionadas a DNP, empresa con la que la familia Ortega "se ha enriquecido personalmente a través de contratos sin competencia con instituciones gubernamentales de Nicaragua".
Como consecuencia de la designación del Tesoro, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.
En la iniciativa, el presidente Ortega calificó esas medidas, sin mencionarlas, como "decisiones unilaterales de absoluta ilegalidad y coercitivas".
