Aparte de ilusorio e insoportable, resulta inimaginable que el país siga rebotando a lo largo del próximo año entre el entusiasmo y la inquietud, amenizados por el himno a la alegría o el réquiem de un sueño, entonados por el coro de la polarización, en espera de saber si se asientan o no las bases de la pretendida transformación.
Mucho antes de llegar al próximo primero de diciembre, las definiciones y las decisiones serán impuestas por las circunstancias internas o externas, la necia realidad, y no sólo por el deseo, la voluntad o el capricho del actor principal o del elenco político que lo apoya o lo resiste.
En ese escenario, el afán de impulsar o frenar a como dé lugar la transformación nacional sucumbiría entre jaloneos, gritos y bostezos, producto de la desesperación, el aburrimiento o la fatiga... y el país, quién sabe adónde iría a dar.
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Así, solicitar sin pedir -como lo expresó el domingo pasado el presidente López Obrador- un año más para asentar las bases del gobierno exige ajustes en la acción y la actuación del Ejecutivo, al tiempo que demanda una oposición, en verdad, rehabilitada y articulada, mucho más seria y comprometida, resuelta a actuar y no sólo a quejarse y vociferar con exageración. Reclama modular el cotidiano y parsimonioso relato de la supuesta victoria indubitable, así como el reiterado y esquizofrénico discurso del presunto fracaso ineludible.
Sin la incorporación de matices en el discurso y la realización de ajustes en la práctica de quienes proponen, imponen y oponen, el imperio de la incertidumbre se mantendrá como designio y, otra vez, la alternancia en el poder quedará como un ejercicio ocioso, incapaz de arrojar por resultado una alternativa.
Perder un sexenio más sería una calamidad y, ahí sí -agotado, en las urnas, el recorrido del espectro partidista, tras dar oportunidad al PAN, al PRI y a Morena-, la democracia provocaría una peligrosa desilusión. Quedaría acreditado un absurdo: no importa qué fuerza llegue y ejerza el poder si, a fin de cuentas, el destino nacional es el de la mediocridad política, el magro crecimiento económico y el nulo desarrollo social.
Sin partidos sólidos, cohesionados en su militancia, vinculados con la ciudadanía, relacionados entre sí a partir del respeto a la tolerancia y la pluralidad, y respetuosos del acuerdo, la democracia podría verse en un apuro.
La puerta a la aventura política o, quizá, antipolítica quedaría abierta.
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Poco a poco, la realidad va obligando a moderar posturas por parte de la administración.
El temor a que el estancamiento agrave la situación ha moderado el discurso oficial frente a la iniciativa privada, bajando el tono de condena para encontrar en ella apoyo al impulso a la economía. La separación del poder político y del poder económico tiende a encontrar su punto de equilibrio y a evitar la confrontación. No otra cosa es el acuerdo para emprender obra de infraestructura, el freno a la aprobación de la iniciativa legislativa para acabar con el outsourcing y la acción conjunta para defender la ratificación del tratado méxico-estadounidense-canadiense de comercio, el famoso T-MEC, en los términos negociados que, ahora, quieren retocar los demócratas y los sindicatos.
Podrá no declararse el giro, pero la realidad da cuenta de ello.
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Asimismo, el efecto externo de la acción criminal en territorio nacional ha generado un replanteamiento en un campo originalmente no prioritario de la administración, el de la diplomacia con Estados Unidos y la región.
El tráfico de personas y drogas del sur al norte y de armas del norte al sur, acompañado de una violencia cada vez más bárbara y brutal, ha llevado a reconsiderar la idea de que no hay mejor política exterior que la interior.
De ello, resulta sintomático que, al enunciar los asuntos que sacudieron al Ejecutivo durante su primer año de gestión, éste haya mencionado sólo uno de carácter nacional y cuatro con vínculos hacia Estados Unidos. La tragedia de Tlahuelilpan provocada por el robo de combustible fue, de los cinco, el único de carácter nacional. Los cuatro restantes, no.
La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos fue la palanca del chantaje para modificar la política migratoria nacional. El operativo fallido en Culiacán, emprendido para cumplimentar la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo de "El Chapo", a Estados Unidos, así como el infame crimen cometido contra las familias LeBarón y Langford en Bavispe, Sonora, llevó a intensificar las negociaciones para tratar de conjurar la intención estadounidense de reclasificar a las organizaciones criminales como grupos terroristas. Y, desde luego, está el asilo debidamente otorgado a Evo Morales, tras ser sujeto de un golpe de Estado.
Ese efecto al exterior provocado por la actividad criminal en combinación con el creciente malestar que genera al interior terminará por llevar a un ajuste en la estrategia de seguridad, se reconozca o no.
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Si el Ejecutivo requiere de un año más de gracia para asentar las bases de la transformación que ensaya, es obligado matizar el discurso y replantear la acción y, sobre todo, tomar medidas de corto plazo para reactivar la economía y desactivar, atemperar al menos, la criminalidad.
Se requiere de eso, pero también de una oposición partidista presta y dispuesta a hacer política y no sólo a protagonizar desplantes sin consecuencia, a título de queja o testimonio, buscando sobrevivir a costa del error ajeno y no del acierto propio.
El segundo año del sexenio corre y corre de prisa, combinando factores internos y externos impuestos por la realidad que pueden descarrilar el proyecto. Aprovechar la oportunidad de transformar al país exige replantear la acción y la actuación.
