Fue en la segunda parte de la audiencia inicial, que se extendió por dos horas y media y que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Torreón, que se vinculó a proceso al edil. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Un Juez de Control del Poder Judicial de la Federación vinculó a proceso al alcalde de Frontera, Coahuila, por el delito de amenazas contra la comunicadora Mayra "N". Se trata del primer edil en la entidad que enfrenta este tipo de cargos.
Fue en la segunda parte de la audiencia inicial, que se extendió por dos horas y media y que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Torreón, que se vinculó a proceso al edil, Florencio "N", luego del pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.
Previo a dar su resolución, el Juez de Control realizó un recuento de las agresiones que han sufrido periodistas en el país, como consecuencia de la tensión que ha existido entre la prensa y el poder.
Así mismo, narró parte del contenido de las amenazas que se revelaron por parte de la Fiscalía Especializada en la primera audiencia, en la reveló que frases como "te voy a acabar", que presuntamente le dijo el edil a la víctima vía telefónica, se pueden convertir en frases peligrosas sobre todo viniendo de una autoridad.
Como medidas cautelares se dictó que el alcalde no deberá acercarse a la comunicadora ni a las personas que fueron entrevistadas por la Fiscalía Especializada en torno al caso. Debido a que el delito está catalogado como no grave no se dictó prisión preventiva.
En la audiencia se fijó un plazo de dos meses para una investigación complementaria. Será hasta el 29 de enero de 2020 que se desarrolle la audiencia para determinar si se cierra el período de investigación o se amplía el plazo, que podría ser hasta de 4 meses como máximo.
En junio del 2018 la periodista denunció amenazas presuntamente por el alcalde, tras su cierre de campaña al señalar que la asistencia fue poca.
A raíz de estos hechos, el Mecanismo de Protección a Periodistas -órgano integrado por la Secretaría de Gobernación, la FGE, la CNDH, organizaciones no gubernamentales, la ONU y periodistas y defensores de derechos humanos- determinó extraerla del estado y del país por su seguridad, esto luego de que intervinieran organizaciones como Artículo 19 y Propuesta Cívica.
