En lo que va del año se han documentado un total de dos mil denuncias en el Centro de Justicia para la Mujer.
Una de las medidas legales para proteger a una víctima de violencia de género, son la órdenes de restricción, con las cuales un juez le impide a un agresor acercarse a ella.
De acuerdo con datos del Centro de Justicia para la Mujer, en la cuarta parte de los casos de mujeres victimadas por su pareja sentimental, se requiere imponer este recurso, para evitar que las ataquen.
Lorena Meléndez Manzanales, directora de la instancia, explicó que el ordenamiento se solicita por parte del agente del Ministerio Público al juez, en casos de "riesgo inminente" para la mujer.
Situaciones están caracterizadas por la reincidencia del victimario en actos de violencia como golpes, amenazas y otras.
En Durango, el 25 por ciento de los procedimientos por violencia ameritan el ordenamiento legal para que el señalado se aleje.
Sin embargo, víctimas han expresado que en muchas ocasiones los agresores omiten la orden para pasar por sus casas y amenazarlas a gritos o incluso hay quienes narran como les destrozan cristales de ventanas y puertas.
Al respecto, Meléndez Manzanales respondió que, debido a estas circunstancias, realizan llamadas telefónicas a la víctimas que tienen procedimientos abiertos en el centro, para orientarlas.
"Si se sienten intimidadas o amenazadas, no dejen de estar dando seguimiento a su denuncia, para el efecto de que se establezcan herramientas necesarias por el juez".
Desde la creación del Centro de Justicia para la Mujer, en el año 2015, se ha documentado alrededor de 12 mil mujeres que han acudido a pedir ayuda por violencia.
