La madrugada del viernes 22 de noviembre, en una sesión que se prolongó nueve horas, los morenistas y partidos satélites aprobaron el presupuesto del año 2020, con el repudio de la oposición.
Algunos conocedores hablan de una violación a la Constitución Mexicana, al no cumplir con los requisitos de tiempo para la entrega del documento a fin de estudiarlo, que al parecer y según declaraciones de panistas, debió ser con cinco días de anterioridad a su votación, recibiéndolo solamente dos horas antes de la sesión.
Lo cierto es que presenta recortes muy importantes, fundamentados en la propuesta política de austeridad republicana.
En el manejo de los presupuestos deben considerarse los niveles de inversión: imprescindibles, aquellos que de no hacerse generará serios problemas a la operación; necesarios, los convenientes que permiten el logro de objetivos; y deseables, que seguramente podrían generar mayores beneficios, pero sin ser vitales para la salud y buena marcha de la empresa.
Al aplicar tales criterios al planear un presupuesto, deben evitarse los gastos innecesarios y asegurar que las inversiones sean para el logro de los objetivos; es decir: aquellos que presentan planeación, objetivos cuantificables y cualificables y evaluación de resultados, datos útiles para mejorar planes del siguiente ciclo de trabajo. El 2020 no cumple esas condiciones.
Recordemos: austeridad se refiere a la "sencillez y moderación propias de la persona o cosa austera. Rigurosidad en el cumplimiento de las normas morales". También, según Economipedia: "el ahorro es el capital que no se consume o se gasta y que se reserva para cubrir una necesidad o contingencia futura e incluso para dar como herencia a tus herederos legales".
Así, ahorrar se convierte en un factor de desarrollo importante, que sólo se consigue a través de la buena planeación patrimonial; al ser imprudente, se transforma en un gasto innecesario. Nuestro caso.
¿Qué estamos haciendo con el presupuesto 2020 nacional?: La peor decisión, no aplicarlo hacia la productividad, favoreciendo la ineficiencia humana.
A la Secretaría de Gobernación, al pasar de 60,783 millones de pesos en 2019, a 5,891 millones en 2020, le disminuyeron su presupuesto; de principio algo bueno, si tal ahorro se aplicara con inteligencia a programas productivos, no regalarlo.
A partir del 2020, los diputados federales y los senadores ganarán lo mismo; la dieta de senadores bajó de 105,000 a 74,548 pesos, para igualarla a la de los diputados; también se reducen 68 millones de pesos del presupuesto al Senado. Habrá que conocer los “apoyos” ocultos.
Los diputados reasignaron 20,607 millones de pesos al proyecto enviado por el Ejecutivo para robustecer la operación de la Secretaría de Bienestar, con 8,365 millones. Dinero electorero.
Sembrando Vida, pasó de 25,000 a 28,000 millones de pesos; la pensión para adultos mayores subió de 126,650, a 129,350 millones. Incluya dispendios para becarios jóvenes, quienes deben estudiar y trabajar. ¿Será gasto o inversión?
Los economistas del mundo -salvo los populistas- rechazan la idea de regalar dinero sin propósitos de capacitación y/o desarrollo. Los programas de asistencia social parecieran orientados a comprar votos.
A Hacienda también le sumaron 2,500 millones. Es evidente la intención de fortalecer las funciones recaudatorias, señaladas como excesivas.
Al Instituto Nacional Electoral, le redujeron 1,071 millones de pesos, 6% del monto total, respecto a su solicitud inicial para 2020. Tambien habremos de evaluar el costo-beneficio, según su desempeño en la función de transparencia, definiendo si representa gasto o inversión para promover democracia.
Los programas y apoyo al campo se verán afectados con una disminución del 24%, justificando el recorte en la corrupción de sus líderes. Veamos consecuencias, según logros en independencia alimentaria.
La dependencia autónoma que más sufrió recorte sobre la propuesta original fue la FGR, con 1,500 millones de pesos menos. El Poder Judicial, tuvo una baja de 1,327 millones. Al IFT, le redujeron más de 188 millones. La inseguridad nos asfixia y recortar presupuestos permitirá argumentar la ineficiencia; recuerde: “el que no da resultados, da explicaciones”.
Los diputados se comprometieron a que no habrá recortes a universidades, fondos para estados federales y municipios, pero sí un ajuste a los cinturones del gobierno federal y los órganos autónomos. Las quejas de universitarios y autoridades municipales contravienen las declaraciones federales.
Acabar con la corrupción y el mal manejo de los dineros de los mexicanos es un excelente propósito del actual gobierno; lograrlo, disminuyendo la potencialidad económica de los distintos sectores productivos, puede representar un grave error que pudiera traducirse en mayor pobreza.
Esperemos que la política económica de la 4T no profundice a la recesión -altamente probable-, mayor desempleo, baja productividad, incremento de dependencias alimentarias hacia el extranjero y, en resumen: más pobreza.
Le propongo nos mantengamos atentos a los resultados; de hecho, siento que estamos corriendo riesgos innecesarios y promoviendo mayores necesidades sociales, con dádivas que no podremos cumplir.
¿Que piensa?
