La marcha para promover la erradicación de la violencia en contra de las mujeres en Ciudad de México, celebrada el lunes pasado, sirvió de marco a la reaparición del vandalismo encapuchado de moda en estos tiempos, que en su versión feminista también agrede a personas inocentes y destruye elementos de infraestructura urbana, sin justificación alguna.
De acuerdo a la crónica periodística, un contingente de tres mil mujeres partió de la Columna de la Independencia al Zócalo capitalino manifestándose en contra de la violencia de género, y de entre sus filas aparecieron un número que se calcula de cincuenta de ellas con el rostro cubierto, que armadas de martillos y otros objetos contundentes le emprendieron en contra de transeúntes que presenciaban el evento, y causaron daños materiales en monumentos históricos, vehículos y estaciones de transporte público y bienes de propiedad privada.
Información de inteligencia que precedió a la marcha hizo que el Gobierno de la CDMX movilizara con anticipación dos mil quinientas mujeres policías y dos mil servidoras públicas "voluntarias" que armaron un "cordón de paz" para contener la violencia, lo que revela un círculo perverso en el que el Gobierno conoce el riesgo, tolera la confrontación, simula proteger a los ciudadanos y deja impunes a los responsables. Lo anterior implica jugar con fuego, porque en el caso de la Catedral Metropolitana, asentada frente al Zócalo, fue custodiada por un grupo de feligreses que rodearon el templo y el enfrentamiento estuvo en un tris de ocurrir.
Con independencia de la crítica que merece la autoridad, por su incapacidad para imputar los actos vandálicos a individuos concretos de carne y hueso y procesarlos judicialmente, no es admisible que las personas y colectivos organizadores de la marcha eludan la responsabilidad que les corresponde, al no hacer nada por evitar ni denunciar la infiltración de elementos radicales. De hecho el contingente mayor supuestamente pacífico, en la práctica acaba por servir de escudo y antifaz a los violentos, tanto en este caso como en otros similares, en los que el modo de operar en comento se revela maliciosamente deliberado y estratégico.
Lo acontecido en este caso es un botón de muestra de la manera en que opera la nueva izquierda, no solo en México, sino en todo el planeta, en el que la clásica lucha de clases, que según el ideario marxista liberaría de la explotación a la clase trabajadora, es abandonada y sustituida por diversas causas de minorías inconformes, que abren múltiples frentes, sembrando el odio y dividiendo a la sociedad. Tal es el caso de la oposición dialéctica entre vida y aborto, los ataques en contra de la familia tradicional, así como el intento de borrar la diferencia entre hombre y mujer, que promueve la llamada ideología de género.
En el caso de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, llama la atención que el discurso radical acusa al Estado de matar a las féminas, cuando el fenómeno tiene sus causas y sus efectos en un ámbito circunscrito a la sociedad civil. Es cierto que el poder público es culpable de apatía y negligencia en la persecución de los delitos de esta índole, pero la violencia en contra de las mujeres y en especial la intrafamiliar tienen su origen y consecuencias en virtud de la falta de educación, la falta de sentido de la vida, y el vacío existencial que conduce al consumo de alcohol y drogas, y a la práctica del sexo como promiscua adicción.
Tampoco ayuda la réplica de algunos que contestan al discurso feminista, diciendo que los hombres también son víctimas de violencia inferida por mujeres, porque esa postura hace el juego a la dialéctica del odio de género y por tanto, al odio entre hermanos. La sociedad civil es la perjudicada por la siembra de cizaña que el proceso que sufrimos implica, porque impide la vertebración orgánica de la comunidad y por ello para encontrar a los culpables de la espiral de violencia creciente que estamos padeciendo hay que identificar a los agentes políticos que se benefician con la dispersión y la debilidad de la sociedad.
