Víctimas de represión en la ciudad de El Alto y personas detenidas en la cárcel de San Pedro fueron visitadas por personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (ARCHIVO)
Víctimas de represión en la ciudad de El Alto y personas detenidas en la cárcel de San Pedro, en la capital boliviana de La Paz, fueron visitadas por personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Como parte de su visita a Bolivia, la CIDH conversó con los detenidos de San Pedro sobre su situación jurídica, las condiciones de su detención y el trato que les han brindado las autoridades del gobierno de Jeanine Áñez, acusada por algunos países de operar un golpe de estado contra Evo Morales.
Además, integrantes de la Comisión visitaron el Hospital Holandés, también en la ciudad noroccidental El Alto, para conversar con personas heridas en las protestas contra la actual situación política boliviana.
La CIDH recabó informes sobre sus condiciones de salud, el tratamiento médico que han recibido hasta ahora y las circunstancias en que fueron lesionadas.
Además, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, funcionarios de su administración y líderes de juntas vecinales presentaron al equipo técnico de la CIDH un diagnóstico sobre la condición de los derechos humanos en la ciudad.
El pasado miércoles 20 una manifestación en Senkata, El Alto, fue reprimida por una operación policíaca y militar que derivó en ocho personas asesinadas por arma de fuego, de acuerdo con recuento de la Defensoría del Pueblo.
Durante los conflictos desatados en Bolivia por la maniobra militar y política que llevó a Morales a la renuncia y al exilio en México, y a Áñez a tomar posesión como presidenta interina ante una asamblea sin quórum, han fallecido al menos 32 personas, de acuerdo con recuento de la Defensoría del Pueblo.
“Desde la salida del expresidente Evo Morales, la fuerte respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, han generado un incremento en el número de personas muertas y heridas”, expresó la CIDH el 19 de noviembre.
“Es de particular preocupación para la Comisión el hecho de que se estén realizando operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, sin que haya adecuado sustento legal”, señaló la entidad.
