Los enviados especiales de la ONU finalizaron este viernes su visita al país para analizar la situación de derechos humanos.
Los enviados especiales de Naciones Unidas finalizaron ayer su labor en Chile, donde aseguran que escucharon extensos testimonios, "muchos de ellos perturbadores", ocurridos en el marco de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el país desde mediados de octubre.
Después de haber obtenido también información de las autoridades y de la sociedad civil, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que trabaja en un análisis detallado sobre la información recibida.
Para su reporte, que será entregado en dos o tres semanas, entrevistaron a un total de 230 personas, incluyendo detenidos y/o heridos durante las protestas, así como policías lesionados.
Tras un recorrido de tres semanas por siete regiones de Chile, los enviados especiales revisaron las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden en el contexto de las protestas; y analizaron además reportes de malos tratos en detención, incluyendo abusos y violencia sexual.
También escucharon las denuncias de vulneraciones a derechos durante la privación de la libertad; información sobre acceso a la justicia y rendición de cuentas; la afectación a grupos específicos; y sobre las demandas subyacentes que han desencadenado las protestas.
En un comunicado, la delegación de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expuso que acudió a comisarías, cárceles y hospitales de Antofagasta, La Araucanía, Biobío, Coquimbo, El Maule, la Región Metropolitana y Valparaíso, donde "las autoridades proporcionaron acceso sin restricciones para dichas visitas".
La labor de los cuatro enviados, según el texto, "ha sido evaluar la situación de derechos humanos relacionada a las protestas, incluyendo durante el estado de emergencia", así como los actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y la destrucción de la propiedad.
Los enviados especiales de la ONU finalizaron este viernes su visita al país para analizar la situación de derechos humanos relacionada con las manifestaciones que se llevaron a cabo desde el 18 de octubre pasado, cuando estalló la crisis social en Chile, tras el anuncio de un incremento a las tarifas del metro en Santiago.
