A mediados del siglo XIX, la Ciudad de México tenía 200,000 habitantes. Conforme al El viajero de México de Juan N. Valle, para 1864, de esa población 1079 eran abogados, dando una proporción de un profesional de las leyes por cada 185 ciudadanos. De ese recuento quedaría fuera un abogado que había salido de la ciudad, una noche de 1863, para establecer el gobierno republicano en San Luis Potosí. Se trata de don Benito Juárez que se hizo acompañar de la Constitución de 1857. Con esa Constitución estableció desde entonces ciertas reglas de la política mexicana.
A pesar de su devoción a don Benito Juárez, el corazón de AMLO no late por la legalidad. Al año de asumir el cargo, el propósito y estrategia de su gobierno es claro: demoler, echar tierra a lo que el país ha construido a lo largo de su historia. Lo que ya no es tan claro es hacia dónde vamos. Las conjeturas son variadas: ¿populismo, presidencialismo, régimen de izquierda, comunismo, estalinismo, chavismo, nacionalismo revolucionario, cardenismo, juarismo, priismo, teocracia, institucionalismo sin instituciones, moralismo de Estado, democracia, autocracia, oclocracia (gobierno de la muchedumbre) 4T? Nadie sabe, tal vez ni el mismo AMLO.
Es evidente que hay gremios que lo incomodan: uno aborrecido el de los abogados. En su gabinete no había más abogada que la Secretaria de Gobernación que en el despacho del gobernador Bonilla, renunció a ser jurista. Llama la atención su novedosa tesis para apoyar a Bonilla: "lo que es legal puede ser inconstitucional". Hay una materia pendiente, se llama lógica jurídica.
El abogado del presidente Julio Scherer Ibarra no es un jurista, ni tiene porque mostrar luces jurídicas, es un operador y no hay que olvidar que en la 4T el único que brilla es AMLO.
La escandalosa designación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no es abogada sino víctima, comprueba el desdén oficial por el instrumento que le permitió a don Benito Juárez, defender al país: la legalidad.
La señora Piedra fue designada en contravención a lo que establece la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La prohibición es contundente: "No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación" (artículo 9 fracción IV).
No es la primera vez que sucede. La Constitución se violó cuando fueron designados varios senadores: Nestora Delgado y Napoleón Gómez Urrutia estaban impedidos constitucionalmente (artículo 32) por tener doble nacionalidad. La designación de Manuel Velasco y Miguel Ángel Mancera también violó la Constitución (artículo 55): "Los gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos".
Más inexplicable, desatender la prohibición constitucional a los Ministros de la Suprema Corte para ser senadores: "salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva tres años antes del día de su elección". Aplicable a la secretaria de Gobernación que conoce a profundidad el texto constitucional.
No habrá 4T si se olvidan reglas de convivencia social y política, como las de la legalidad que legó don Benito Juárez.
Twitter: @DrMarioMelgarA
