El decreto plantea que ya no habrá ninguna restricción para proporcionar servicios de salud.
Las reformas con las que se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) no aclaran cómo se manejarán los recursos ni cómo se operarán los servicios en los estados que no suscriban un acuerdo con el nuevo organismo, advirtió la especialista Hortensia Reyes.
Además, el nuevo fondo para gastos catastróficos disminuirá, en comparación con el actual -que pretendía asegurar el recurso para la atención de enfermedades costosas-, porque ahora cubrirá gastos adicionales, indicó la directora adjunta del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Según el decreto por el que se crea el Insabi, las entidades que firmen el acuerdo correspondiente recibirán recursos federales y la aportación estatal a través del Insabi, que se los hará llegar mediante sus tesorerías.
De esta forma, las entidades continuarán operando los servicios de salud, pero bajo supervisión, control y regulación del Insabi.
Las entidades que no firmaron el acuerdo dejarán que el Insabi controle los recursos y otorgue directamente los servicios.
El problema, señaló Reyes, es que el decreto no especifica cómo se realizará esto.
Por otra parte, explicó, a diferencia de la iniciativa, el decreto aprobado contempla la creación de un Fondo de Salud para el Bienestar para Gastos Catastróficos y determina que cubrirá los gastos de enfermedades costosas, pero también necesidades de infraestructura y medicamentos que se requieran para completar el programa de medicamentos gratuitos.
"El riesgo es que se reduzca en realidad lo que antes era exclusivamente para el reembolso de gastos catastróficos, porque la construcción de hospitales y de unidades y (compra) de medicamentos puede mermar mucho ese fondo", apuntó.
De acuerdo con el decreto, los recursos para el Insabi y el fondo nunca pueden ser menores a los del año previo, aunque con la aclaración que con base en la disponibilidad presupuestal.
La especialista precisó que el decreto tampoco aclara si los fondos de IMSS Bienestar, programa que se creó para personas sin derechohabiencia, seguirán siendo administrados por el IMSS o por el Insabi.
El decreto plantea que ya no habrá ninguna restricción para proporcionar servicios de salud.
"Se ve difícil que haya presupuesto suficiente. Lo vemos con mucha confusión, porque no ha habido una claridad en ese aspecto, de financiamiento. El mayor riesgo es el financiero porque se está ofreciendo demasiado", remarcó Reyes.
El decreto plantea que ya no habrá ninguna restricción para proporcionar servicios de salud.
