La Cámara de Diputados está dando a la Unidad de Inteligencia Financiera poderes dignos de una dictadura. La institución tendrá amplias facultades para congelar cuentas bancarias y confiscar bienes a través de la extinción de dominio sin necesidad de acudir a un ministerio público o esperar el fallo de un juez. La UIF decidirá con discrecionalidad a quién despojar y a quién no. Bienvenidos nuevamente a la era del terror.
Los portavoces del gobierno nos dicen que estos poderes, que borran la presunción de inocencia y las garantías individuales, son indispensables para combatir el crimen organizado. La diputada Dolores Padierna argumentó desde la tribuna este 6 de noviembre que una ley así habría permitido congelar los bienes del Chapo Guzmán cuando la revista Forbes lo colocó en la lista de los hombres más ricos del mundo. Forbes pudo identificar los activos del Chapo, dijo Padierna, pero México no pudo congelar sus bienes por falta de una ley como esta.
Yo tengo otros datos. Forbes simplemente "calculó" la fortuna del Chapo como un porcentaje de las supuestas exportaciones de cocaína de México a Estados Unidos. Nunca identificó sus activos. La nueva ley no habría ayudado en nada.
Si bien la legislación no ha sido promulgada todavía, la UIF lleva ya algún tiempo congelando cuentas. Los tribunales han cuestionado sus facultades para hacerlo en casos de personas que no han sido acusadas formalmente y mucho menos sentenciadas, pero por eso los diputados de Morena han recibido instrucciones de ampliar sus poderes.
Esta iniciativa se suma a la que convierte en miembros del crimen organizado a ciudadanos acusados de evasión fiscal. Es falso, sin embargo, que los contribuyentes, incluso los evasores, sean integrantes de bandas criminales. Se trata de personas físicas o morales que se inscriben en los padrones de contribuyentes, que sacan su firma electrónica y hacen un esfuerzo (honesto o no) por reducir su carga fiscal. No viven en el anonimato, no matan, no trafican con droga, no secuestran. Sus bienes son fáciles de identificar porque los tienen a su nombre. Por eso son víctimas perfectas para una autoridad que se convierte en depredadora.
Como la UIF no tendrá ya que acudir ante un ministerio público o un juez para congelar y confiscar cuentas o bienes, sus nuevas facultades podrán convertirse en una poderosa arma de acoso político. Ya lo hemos visto. A Rosario Robles se le congelan las cuentas (para impedirle pagar por su defensa) y un juez (por coincidencia sobrino de Padierna) le decreta prisión preventiva pese a que no lo ordena la ley. Al ministro incómodo de la Corte, Eduardo Medina Mora, lo critica el titular de la UIF, Santiago Nieto, por su rechazo al congelamiento de cuentas; se le investiga por operaciones financieras sospechosas y se le congelan las cuentas, las cuales se liberan después de que renuncia. Ahora el titular de la UIF desliza (¿qué pasó con el sigilo de la investigación?) que el exsecretario de comunicaciones y transporte, Gerardo Ruiz Esparza, está siendo investigado con la consecuente amenaza a sus cuentas. En cambio Manuel Bartlett, quien supuestamente está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública, no tiene que preocuparse (porque es amigo).
No aceptemos la mentira. Los contribuyentes registrados no son miembros del crimen organizado. Está bien que se castigue a los evasores y a los verdaderos criminales, pero no a los contribuyentes o a los opositores antes de que un juez los declare culpables de algún delito.
MURO DE BERLÍN
Mañana se conmemoran 30 años de la "caída" del muro de Berlín. La idea de que esta apertura puso fin al comunismo, sin embargo, resultó falsa. La ideología no solo no ha desaparecido, sino que se está fortaleciendo.
Twitter: @SergioSarmiento
