A casi un año de implantada, es evidente que la estrategia de seguridad del Gobierno federal no está funcionando.
El operativo fallido en Culiacán, Sinaloa y la atroz masacre en Bavispe, Sonora dejan clara evidencia de ello.
En ambos casos el crimen organizado demostró su capacidad de fuego, su poderío y su furia.
No les importa asesinar a quien se les ponga enfrente, ni siquiera cuando se trata de mujeres y niños indefensos.
¿Acaso va a ser efectivo responder con abrazos y tibias exhortaciones cuando estamos frente a un ejército civil armado hasta los dientes y dispuesto a todo?
Es evidente que emprender una nueva estrategia de seguridad no será posible en el corto plazo ante la cerrazón del presidente López Obrador de responder a los ataques de los cárteles de la droga.
Quizás tengamos que esperar peores atentados como sucedió en Colombia con el cártel de Medellín que recurrió a bombazos en aviones y centros comerciales para impedir la extradición de Pablo Escobar y sus secuaces.
El gran error del Gobierno de AMLO es su diagnóstico en el tema de seguridad y violencia.
López Obrador insiste una y otra vez en que el neoliberalismo y la corrupción de los últimos treinta años provocaron esta espiral de violencia ante la pobreza y falta de oportunidades de los jóvenes.
Si eso fuera verdad, entonces Chile, Panamá, Costa Rica y Brasil, además de los países europeos y el mismo Estados Unidos, estarían envueltos en una ola de homicidios similar a la de México.
Pero no es así. La pobreza puede incrementar el número de los delincuentes comunes, pero nada tiene que ver con la configuración de los grandes cárteles del narcotráfico.
Los altos índices de criminalidad en el país no están en los estados más pobres como Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala, sino en regiones desarrolladas como Jalisco, la Ciudad de México, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Baja California.
Es pues una falacia el argumento de López Obrador que quizás le permite granjearse las simpatías de los mexicanos marginados, pero al mismo tiempo alienta la impunidad y la fortaleza de los grupos criminales.
La realidad de la violencia en México es bastante simple: por la demanda de drogas, la corrupción y la complacencia de las autoridades, el crimen organizado sentó sus reales desde hace unas dos décadas y ningún Gobierno ha sido capaz de frenarlo.
En su editorial del pasado martes, The Wall Street Journal advierte que si México no puede controlar su territorio, Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger a los norteamericanos de los cárteles de la droga.
Prácticamente coloca al Gobierno mexicano bajo el dominio del crimen organizado.
Pero el editorial del prestigiado diario revela un dato impresionante: Estados Unidos ha contribuido a esta violencia desenfrenada al gastar -solo en el 2016- cerca de 150 mil millones de dólares en la compra y consumo de cocaína, heroína, metanfetaminas, marihuana y fentanilo, la destructiva droga de moda.
Con una tercera parte que se quede en México -suponiendo que así suceda- los narcos tendrían cada año 50 mil millones de dólares para armar un potente ejército y corromper a cuanta autoridad se les atraviese en el camino.
López Obrador tiene que darse cuenta de que a estas alturas del negocio de las drogas lo que menos importa es el neoliberalismo y la pobreza de los mexicanos.
Nuestro país tiene una inmensa frontera con el país más rico del mundo y el que más consume drogas; es pues un asunto de mercado y ubicación.
Esperamos que no tenga que suceder otra gran tragedia para que AMLO y su gabinete actúen y entiendan su gran responsabilidad histórica ante hechos tan graves como la ejecución cobarde y ruin de tres mujeres y seis niños de la comunidad mormona de Sonora y Chihuahua.
Ante tal panorama todos esperan que los miembros del Ejército, la Marina y la Guardia Civil tengan acordonada el área y emprendan una intensa cacería para atrapar a los infames asesinos.
Pero la orden no parece llegar y en cambio hemos visto una serie de infortunadas declaraciones que solo sirven para dar tiempo e impunidad al crimen organizado.
NOTICIAS, NOTICIAS...
Parece haber llegado el momento de un cambio en el gabinete de seguridad. Designar en la Secretaría de Seguridad a un policía de carrera o un militar experto en la materia y reubicar al doctor Alfonso Durazo Montaño en la Secretaría de Gobernación, donde su titular no corta una madura, podría resultar un acierto presidencial... A propósito, ¿se animará López Obrador a participar en los funerales de las víctimas de la comunidad LeBarón en Chihuahua?
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