El domingo 20 de octubre, ya entrada la noche -en lo oscurito aprovechando la batalla militar que perdimos en Culiacán- la Cámara de Diputados, encabezados por Morena, aprobó la legalización de 18 millones de autos ilegales, conocidos como 'chocolates'. Los partidos de oposición también se sumaron, recordando aquello de 'si no puedes vencerlos, úneteles'.
La decisión tiene añejos antecedentes, data desde diciembre del año 2000, cuando la Cámara de Diputados aprobó la "Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera", publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de marzo del 2001, que contemplaba la posibilidad de regularizar vehículos modelos 1970 hasta 1993, ingresados de manera legal a territorio nacional, a más tardar el 31 de octubre del 2000.
Luego se vino una avalancha de aprobaciones y rechazos de la propuesta, al tomar en cuenta pros y contras de tal ley. Ahora, la barbaridad nuevamente la apoyó, buscando simpatías entre los poseedores y favoreciendo otro desastre nacional.
DIALOGUEMOS:
Esos vehículos, que inicialmente fueron justificados como necesidad de apoyo a los campesinos y ejidatarios, pronto se transformaron en una plaga de automotores calificados como chatarra en los EUA; aquellos, de paso, lograron quitarse de encima y con una buena ganancia, basura metálica no reciclable, que para eliminarla deberían desembolsar altas cantidades de dólares.
Pronto aparecieron los traficantes de esos autos ilegales, siendo reconocidos por la variedad de productos ofrecidos; los más organizados llegaron a atender sobre pedido a sus clientes, todos en contubernio con autoridades aduaneras, quienes también se beneficiaban con el ilícito.
Es justo escribir que representan un medio de transporte para el sector más desprotegido. Ellos, de no contar con sus 'charchinas' y calculándoles tres hijos en edad escolar, deberían desembolsar todo un salario mínimo ¡solo en transporte! Imposible, más que prohibitivo.
En ello cabe cargar la responsabilidad de las autoridades municipales, quienes no han querido o podido enfrentar el reto de atender a los habitantes de sus ciudades, quienes merecen viajar desde sus hogares a escuelas o trabajos en forma segura, cómoda y acorde a sus posibilidades. Sencillamente eso no genera votos y no habría 'cochupos'.
De cualquier forma, el grave error de aceptar tales contaminantes se revertiría dañando a los más pobres. Revisemos efectos:
Quizá el más grave sea la contaminación que se generará al aumentar marcadamente la polución ambiental, por la desafinada combustión interna de motores ineficientes, en pésimas condiciones mecánicas y exagerados consumidores de aceites y gasolinas.
Las enfermedades respiratorias y de la piel aumentarán y tendrán un costo extra en presupuestos de salud y, los más pobres, como ya sucede desde ahora, tendrán que pagar medicamentos que no existen en las instituciones y algunos no podrán cubrirlos, pagando sus familiares las consecuencias.
Las propias autoridades del municipio de Torreón han advertido que en unos pocos años no tendremos las capacidades de circulación del transporte urbano, generándose embotellamientos, pérdida de tiempo, alto consumo de combustibles; consecuentemente mayor contaminación ambiental. Seguramente usted ya padece el exceso de tráfico en horas pico.
Sume las consecuencias por accidentes automovilísticos; el círculo vicioso es simple: malas condiciones mecánicas favorecen accidentes que representan costos en salud y daños materiales que llegan a ser provocados por no asegurados -las aseguradoras no los aceptan y los costos les son prohibitivos- que deberán encontrar soluciones económicas, mayormente si resultan culpables, casos frecuentes.
Desde luego que existen alternativas plaqueando los 'chocolates', pero para ello se deberían pagar impuestos y ahí es donde "la puerca torció el rabo".
Hace años viví la experiencia de un trabajador que fue chocado por uno de esos vehículos sin seguro, que ocasionó pérdida total del auto de la contraparte. El encarcelado pidió 'perdón' por medio de su esposa, que con su hijo en brazos conmovió llorando. Al día siguiente, por casualidad, pude ver al perdonado en otro 'chocolate', en tanto el chofer lesionado permaneció en el hospital por cuatro días más.
Otra mala consecuencia es el daño a la industria automotriz, que, según cálculos, perderían hasta 20 % de mercado con la consecuente pérdida de empleos que afectarían, primero que a nadie a los obreros.
Entre los beneficios quedaría la transportación, aún en esas condiciones deficientes y contaminantes; beneficia a los usufructuadores de la expedición de amparos para incumplir la ley y, desde luego, al populismo del voto de quienes más adelante sufrirían las consecuencias.
Por lo pronto, los senadores han omitido el artículo transitorio para regularizar a estos autos y esperemos se evite el atropellamiento al resto de los ciudadanos que pagan sus impuestos y hacen el esfuerzo para cumplir con la ley manteniendo sus vehículos asegurados y al corriente de sus obligaciones -incluido el invento recaudatorio de revisiones mecánicas-, acabando con los inequitativos amparos, que agreden al bien común. ¿Piensa que podría ser realidad?
