Luego de que Jaime Bonilla Valdez rindió protesta como gobernador de Baja California por un periodo de cinco años, el pasado viernes, se mantienen las duras críticas de opositores y las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de dar marcha atrás a la ampliación de mandato del morenista. (ARCHIVO)
Luego de que Jaime Bonilla Valdez rindió protesta como gobernador de Baja California por un periodo de cinco años, el pasado viernes, se mantienen las duras críticas de opositores y las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de dar marcha atrás a la ampliación de mandato del morenista.
En los primeros minutos del 1 de noviembre, Bonilla juró como titular del Ejecutivo estatal por cinco años y no dos -como señala la llamada “Ley Bonilla”-, ante el Congreso local y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante el acto, se comprometió a que gobernará “mirando en todo por el bien y la prosperidad del estado”, y dijo que respetará la decisión de la Suprema Corte sobre la duración de su mandato. Con su arribo a la administración estatal, terminaron 30 años de gobiernos del PAN.
Tras haber tomado protesta a los integrantes de su Gabinete, el morenista afirmó que los gobiernos panistas de la entidad heredaron deudas acumuladas por más de 30 mil millones de pesos, como resultado del desorden financiero y desvío de recursos.
Bonilla, quien asumió el cargo en medio de impugnaciones presentadas ante la SCJN por la ampliación del periodo, enfrenta críticas de partidos de oposición y consejeros electorales del INE, así como cúpulas empresariales, por defender la “Ley Bonilla” aprobada por el Congreso local, que le permitirá gobernar hasta el 2024.
Por su parte, la titular de Gobernación, Sánchez Cordero, calificó como “legal” la toma de protesta de Bonilla por cinco años, al ser cuestionada sobre el tema en el marco del evento.
La funcionaria resaltó que el Congreso local está facultado para emitir las normas, por lo que resulta legal, mientras que la Suprema Corte será la que convalide o no la decisión de ampliar el periodo de gobierno.
En tanto, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, dijo que este órgano decidirá en su momento sobre la constitucionalidad de la llamada "Ley Bonilla". En su cuenta de Twitter @ArturoZaldivarL, añadió que la determinación se tomará "con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes".
El ministro señaló lo anterior luego de que se difundió en redes sociales un video en el que la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, aparece en una reunión con el gobernador Bonilla y opina que "va a pervivir" la norma vigente aprobada por el Congreso de Baja California.
Como se recordará, el pasado jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la “Ley Bonilla”, mientras que esta instancia admitió a trámite el mismo recurso presentado por el Partido de Baja California.
Las impugnaciones se suman a las promovidas por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, las cuales también fueron aceptadas por el máximo tribunal de justicia del país.
Además, el lunes 21 de octubre, el gobierno estatal que encabezó el panista Francisco Vega de Lamadrid hasta el 31 del mismo mes, presentó una controversia constitucional contra la ley citada, en la que pedía que el asunto se resolviera antes de la toma de posesión.
Por su lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California, señaló que interpondrá un amparo en cada municipio en donde tiene presencia: Tijuana, Mexicali y Ensenada contra la “Ley Bonilla”.
Mientras, los excandidatos a la gubernatura de Baja California, Oscar Vega Marín, del PAN, y Jaime Martínez Veloz, del PRD, en entrevista con Notimex, expresaron su confianza en que prospere el recurso "Amicus Curiae" -Amigos de la Corte- que promovieron ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la citada ley.
La víspera, el exaspirante Martínez Veloz rindió protesta como comisionado Nacional para el Diálogo y Asuntos Fronterizos, que representa el movimiento perredista de resistencia y protesta ante la ampliación de gobierno de dos a cinco años del mandatario estatal Jaime Bonilla.
