El presidente del Líbano, Michel Aoun, instó hoy al primer ministro, Saad Hariri, y a su Gobierno a seguir en el cargo hasta la formación de un nuevo Ejecutivo. (ARCHIVO)
El presidente del Líbano, Michel Aoun, instó hoy al primer ministro, Saad Hariri, y a su Gobierno a seguir en el cargo hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, algo que podría llevar meses y se prevé muy complicado por la incertidumbre política tras semanas de protestas.
Un día después de que Hariri presentara su renuncia y la del Ejecutivo, el presidente ha optado por una solución que formalmente implica la aceptación de la dimisión pero que en la práctica no cambia nada en el país.
En un comunicado ambiguo en el que no expresa explícitamente la aceptación de la renuncia, la Presidencia señaló que el jefe de Estado "ha pedido al primer ministro Saad Hariri y a los ministros que continúen interinamente hasta que se forme un nuevo Gobierno".
La decisión de Aoun se produce después de que Hariri presentara su renuncia tras dos semanas de protestas que han llevado a las calles de todo el país la indignación de miles de personas que exigen medidas contra la corrupción y un cambio en el régimen político en el Líbano.
El presidente tiene previsto dirigir un mensaje a la nación el jueves a las 20:00, hora local (18:00 GMT), con motivo de cumplirse la mitad de su mandato presidencial, agregó el comunicado.
Hoy Aoun recibió a representantes de la iglesia maronita (católicos orientales) a los que comentó que el Líbano tendrá un gobierno "limpio", según informó la agencia del estado ANN.
Aoun afirmó que el movimiento popular ha abierto la puerta a una reforma importante y señaló que si se dificulta la formación de un Ejecutivo la gente "tomará de nuevo las calles", según la agencia.
La dimisión de Hariri, que no había informado previamente de su decisión al jefe de Estado, se produjo pese a la oposición del grupo chií Hizbulá, que había advertido días atrás que la formación de un nuevo Gobierno podría llevar "uno o dos años".
Hariri tardó ocho meses en lograr formar Gobierno en el Líbano debido a los complicadísimos equilibrios políticos que requiere el sistema libanés.
El Ejecutivo actual cuenta con hasta ocho partidos de signo político distinto y hasta antagónico.
Hoy en un comunicado conjunto, los representantes diplomáticos de la Unión Europea en el Líbano afirmaron en un comunicado conjunto que es "imperativo que se forme un nuevo Gobierno sin dilación y se implementen reformas estructurales".
En su mensaje expresaron su "seria preocupación" por la violación de los derechos de los ciudadanos a manifestarse y llamó la atención sobre incidentes violentos alrededor de las protestas.
"Pedimos a todos los líderes políticos que se abstengan de una retórica que pueda incitar a la violencia en este periodo crítico", dijeron.
Ayer, antes de que Hariri anunciara su decisión, partidarios de Hizbulá y del también chií Amal arremetieron contra los manifestantes en varios lugares del país.
Con la decisión de Aoun, el país queda de nuevo ante una situación de incertidumbre mientras la gente continúa en las calles exigiendo el cambio del régimen político.
Las protestas arrancaron el 17 de octubre, después de que el Gobierno anunciara su intención de tasar las llamadas telefónicas a través de servicios de mensajería gratuita por internet.
Pese a que el Gobierno decidió retirar la medida, cientos de personas salieron entonces a la calle en una marea que ha ido creciendo en tamaño y que exige la salida de los políticos, el fin de la corrupción y soluciones a la paupérrima situación económica del país.
Hariri reaccionó al día siguiente de las protestas amenazando con dimitir y dando un ultimátum de 72 horas a los partidos políticos para que aceptaran tramitar una batería de reformas que estaban bloqueadas.
Pese a que esas medidas fueron aceptadas y se aprobó un presupuesto sin déficit y sin nuevos impuestos, los manifestantes han seguido en las calles demandando cambios.
Piden el fin del régimen político que establece un reparto sectario de instituciones y que ha sumido al país en la precariedad política y en una crisis económica con una deuda de unos 86,000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 150% del PIB.
