Un juez peruano inició el martes la evaluación de un pedido fiscal para encarcelar de forma preventiva a 16 reconocidos abogados. (ARCHIVO)
Un juez peruano inició el martes la evaluación de un pedido fiscal para encarcelar de forma preventiva a 16 reconocidos abogados de exclusivos círculos de juristas de Lima.
Presuntamente, a cambio de jugosas ganancias, éstos emitieron unas resoluciones --laudos arbitrales, en términos jurídicos-- en favor de la constructora brasileña Odebrecht y que perjudicaron al dinero público peruano en diversas controversias de obras públicas sobrevaloradas.
Varios de los acusados son admirados catedráticos de leyes de reconocidas universidades peruanas. Algunos de ellos han escrito en las últimas décadas extensos tratados jurídicos sobre derecho de la propiedad, comercial o regulatorio que sirven como manuales para miles de estudiantes de leyes en Perú. Otros son ágiles defensores en los tribunales que incluso tienen como clientes a poderosos políticos también implicados en la trama de corrupción de Odebrecht.
Uno de ellos es Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien es un miembro clave del partido de la opositora Keiko Fujimori. Es investigado por el presunto lavado de 1.2 millón de dólares de Odebrecht para la campaña presidencial de 2011 de Keiko. Abanto ha negado ante la prensa cualquier irregularidad en su trabajo como árbitro de laudos.
El pedido de cárcel preventiva por tres años ante el juez anticorrupción Jorge Chávez lo solicitó el fiscal Germán Juárez, miembro de un equipo de élite de la fiscalía que investiga la corrupción de Odebrecht en Perú. Juárez ya ha logrado encarcelar por nueve meses, entre 2017 y 2018, al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y a su esposa Nadine Heredia. El fiscal acusa a la mayoría de abogados del presente caso por corrupción, asociación ilícita y lavado de activos.
Por el elevado número de solicitudes de cárcel sobre los abogados, el juez ha dividido sus sesiones desde el martes hasta el viernes. Para la mayoría de ellos, el fiscal Juárez también ha solicitado prohibición de salida del país y en varios casos la fiscalía ha allanado sus lujosos bufetes o sus residencias en barrios acomodados de la capital.
De acuerdo con las investigaciones del fiscal Juárez, Odebrecht logró defraudar al dinero público peruano por más de 200 millones de dólares mediante los laudos arbitrales que surgían por reclamos sobre la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura.
Los laudos arbitrales resuelven controversias entre una empresa y el Estado a través de abogados de ambas partes, que llegan a acuerdos.
Juárez afirma que Odebrecht incluso decidía perder algunos laudos arbitrales para no despertar sospechas y pagaba coimas a los árbitros de los laudos y a los funcionarios encargados de agilizar los pagos a la constructora.
Las investigaciones sobre la corrupción que Odebrecht y otras compañías brasileñas como OAS desplegaron desde los presidentes hasta funcionarios de menor rango, han provocado un terremoto en la clase política.
Todos los presidentes que gobernaron Perú entre 2001 y 2018 están encausados por corrupción. Un expresidente se suicidó en su dormitorio antes de ser detenido, otro está preso en Estados Unidos con un trámite de extradición en camino, un tercero está en prisión domiciliaria en su solitaria residencia en el barrio más rico de Perú y un cuarto exmandatario espera un juicio que podría condenarlo a 25 años de cárcel.
Decenas de exfuncionarios de menor nivel están bajo investigación y otros en la cárcel. En 2016 Odebrecht admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica, poco después lo hizo OAS.
