El despojo de tierras ejidales con lujo de violencia realizadas del 8 al 11 de octubre reportó la detención de 15 ejidatarios. (VIRGINIA HERNÁNDEZ)
El Frente Campesino en Defensa del Agua y de la Tierra rechaza el despojo realizado en el ejido San Juan de Villanueva en Viesca, del 8 al 11 de octubre, el cual señalaron que fue ordenado por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del sexto Distrito en Torreón, José Lenin Rivera, por lo que exigen su destitución inmediata y la consignación a la justicia de lo ocurrido.
María Isabel Estrada Macías, dirigente de dicho frente, informó que pedirán a la diputada Miroslava Sánchez a que ponga un punto de acuerdo y se destituya este magistrado por los hechos de violencia que se han provocado en dicho ejido.
Por ello, señalaron que del 8 de octubre al 11 de octubre de 2019 se dio un fuerte golpe a los campesinos, violentando sus derechos humanos. El ejido cuenta con resolución presidencial, con rango de Inmodificable. Sin embargo, informó que en los tribunales agrarios se llevó a cabo un juicio agrario, el 64/2004, por conflicto de límites con la ampliación de tierras del ejido Margaritas, municipio de Viesca, Coahuila, recayendo una sentencia condenatoria contra el ejido San Juan de Villanueva de entregar 537 hectáreas, pero que en el juicio agrario 131/2017, donde el ejido reclama la debida y exacta ejecución de resolución presidencial, obtuvieron documentación que la ampliación del ejido Margaritas fue ejecutada hasta 1998.
Se indicó que eso, de forma virtual, significa que están cometiendo el mayor atropello a los campesinos de San Juan de Villanueva así como a tres ejidos más: Saucillo, Emiliano Zapata (municipio de Viesca) y ejido Benito Juárez, municipio de Matamoros, Coahuila al despojarlos de hectáreas.
En entrevista y en la misiva, se señaló al magistrado del Tribunal Unitario Agrario, José Lenin Rivera Uribe, en alianza con el despacho de Alfonso Mejía Calderón, para realizar la ejecución con toda la fuerza policiaca del Estado de Coahuila, con el fin de hacer valer la Ley, atropellando derechos humanos, promoviendo la intervención de la policía de distintas corporaciones.
