Dulce Pereda Ezquerra interpuso denuncia ante la FGE. (ARCHIVO)
Luego de ser exhibida interviniendo por un ciudadano en el operativo Alcoholímetro, la síndica de vigilancia del Cabildo de Torreón, Dulce Pereda Ezquerra, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado ya que asegura temer por su seguridad. Declaró que con la publicación en redes sociales del video donde ella interviene en el caso de una persona que fue multada en el alcoholímetro, se violó el artículo 272 del Código Penal Vigente, relacionado con Violaciones a la Privacidad, a la Imagen o Intimidad Personales. "Mi conversación fue grabada y en la difusión del video se le montó una fotografía de mi persona y me siento expuesta", declaró la funcionaria.
Aclaró que aunque sabe el proceso de distribución que tuvo la grabación y la "convocatoria" que se hizo entre agentes de tránsito para que compartieran el video en redes sociales, la denuncia se puso contra Quien o Quienes resulten responsables.
Dijo que en su calidad de ciudadana y síndica de Vigilancia defenderá sus derechos por las vías legales. "No importa el voto de confianza que le dio Jorge Zermeño a los agentes de tránsito para que sean firmes con los ciudadanos. Tampoco que solapa al jefe de la dependencia, Pedro Luis Bernal. No importa el tono de las declaraciones del alcalde sobre las personas que le piden ayuda y tampoco al exhorto para que los tránsitos graben a los ciudadanos con teléfonos celulares. Yo seguiré mi denuncia".
Pereda explicó que el sábado 19 de octubre, alrededor de la 1:49 de la madrugada, recibió la llamada de un ciudadano, quien le indicó que había sido detenido en un operativo de Alcoholímetro ubicado en bulevar Constitución y calle Cobián, en el cual asegura que no se seguía el protocolo establecido de entregar un comprobante del grado de alcoholemia que le detectaron. El ciudadano le pasó la llamada a un agente de vialidad, el cual señaló estar a cargo del operativo. Según el video, la síndica se limitó a preguntar sobre las condiciones del detenido y el procedimiento a seguir.
En el documento de su denuncia penal dice que el 20 de octubre comenzó a circular en redes sociales un video con la conversación entre la síndica y el agente, el cual fue grabado sin su consentimiento, según la síndica.
El video fue puesto en circulación a través de WhatsApp y por lo menos en cuatro páginas de Facebook que carecen de autor.
"La apuesta es clara respecto a desacreditarme por los señalamientos sobre el ilegal funcionamiento de los operativos de alcoholímetros, al cuestionar el respeto al protocolo que por ley debe seguirse y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos", señaló.
El delito se configura como "Violaciones a la privacidad, a la imagen o intimidad personales", en su modalidad de grabaciones de comunicaciones o conversaciones privadas, así como por divulgación de comunicaciones o conversaciones privadas, actos previstos en el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza y se agravan al ser cometidos por servidores públicos que alcanzan penas de dos a cinco años de prisión, así como la inhabilitación hasta por 15 años de quien los cometa.
Los actos también se encuentran previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales y se contemplan sanciones para el sujeto obligado, en este caso persona distinta al agente vial que permitió la filtración.
Las imágenes desataron una ola de comentarios negativos que ponen en riesgo su seguridad, su patrimonio y su familia.
