Las imágenes eran dantescas. Cuando un convoy de la Policía Michoacana adscrita a las fuerzas del Gobierno estatal de esa entidad federativa había salido del municipio de Apatzingán para dar cumplimiento a una mandato judicial, fue emboscado en las medianías del municipio de Las Aguilillas, por asesinos pertenecientes al denominado Cártel Jalisco Nueva Generación. Los agresores presuntamente se emparejaron a la caravana policial en vehículos blindados, para someterlos a una lluvia de metralla salida de sus armas largas. Al parecer los policías poco pudieron hacer para repeler el ataque, ya que no hay indicios de lesionados o finados del bando de los criminales.
El fatal saldo fue de 13 policías muertos más una decena de heridos. Además un par de camionetas patrullas fueron calcinadas por los asaltantes, quienes incluso dejaron cartulinas con un mensaje desafiante a las autoridades, donde les notifican que a todos los policías que apoyen a otro grupo criminal simplemente serán exterminados como les sucedió a esos 13 oficiales caídos.
Ante el hecho, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, primero intentó esquivar la gravedad de lo sucedido señalando que estos acontecimientos en parte ocurren por decisiones como las que había tomado el presidente municipal de Aguilillas, al no signar un convenio de colaboración policial con las autoridades estatales, para que días después surgieran videos donde aparentemente sí existió la firma de ese convenio. De igual manera, la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, se refirió al hecho como "circunstancias" que ocurren en algunas zonas del país, que está inmerso en ese ambiente de brutalidad criminal.
El gobernador Aureoles tuvo que rectificar su mensaje y prometió el castigo de la ley para los perpetuadores de la masacre, mientras en el homenaje que su Gobierno preparó para los oficiales caídos, donde menos de la mitad de las víctimas aceptaron participar, el mandatario tuvo que enfrentar los desgarradores reclamos de las madres, esposas y demás familiares de los difuntos, que yacían en sus respectivos féretros, señalando que su Gobierno siempre escatimó los recursos necesarios para la protección de los elementos policiacos, por lo que el asesinato colectivo fue de tal proporción justo por la desatención de sus propias Policías.
En tanto, la tarde del 17 de octubre en la capital del estado de Sinaloa, Culiacán, se registraron varias balaceras, principalmente en el norte de esa ciudad. La dimensión fue tal que las autoridades locales tuvieron que pedir a la población que se mantuviera en sus casas y en estado de calma como mera precaución. El tremendo sainete fue desatado por la aprehensión de Ovidio Guzmán López, segundo hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, preso y condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos.
Medios de comunicación de Sinaloa dieron cuenta con videos recabados en los sitios donde hubo esos enfrentamientos de la magnitud de los mismos. Incluso hay uno de ellos donde un camión Ford de modelo reciente color blanco, conocido como 3 toneladas, está equipado con un fusil Barret calibre 50 (es un arma de muy alto poder capaz de traspasar blindajes) fijo en la caja del mismo vehículo, que es en realidad un transporte artillado de guerra. El pánico generalizado se vivió entonces allá.
Ante este par de hechos, nuevamente vale la pena recordar que por años en Coahuila y Durango también se vivieron hechos y épocas como las que la semana pasada padecieron en Michoacán y Culiacán. No hace tanto el pueblo de Allende, Coahuila fue arrasado por un grupo criminal, donde supuestamente la cifra de desaparecidos superó los 300, así como el control que no hace tanto se tuvo del penal de Piedras Negras, donde la propia cárcel era utilizada por la pandilla gobernante como centro de operaciones, tortura, exterminación y desaparición de enemigos.
También vale la pena recordar que hace 9 años en el Cereso de Gómez Palacio habitaban sicarios que salieron en las noches a realizar las matanzas en el bar Ferri, el antro Las Juanas y la quinta Italia, donde asesinaron a decenas de inocentes.
El punto es que por las razones que sean, y también reconociendo las labores realizadas por las autoridades de Coahuila y Durango, acá por ahora no se han vuelto a vivir los horrores en la escala de los ocurridos esa semana, por lo que es menester mantenerse en todos sentidos con la guardia en alto, exigiendo y apoyando a las Administraciones que ahora gobiernan a que sigan haciendo su trabajo. No podemos permitir que el infierno regrese por acá, como se presentó en Aguililla y en la capital sinaloense.
