La adolescente fue trasladada a las instalaciones de migración y posteriormente ante el Ministerio Público especializado en Trata de Personas, dependiente de la Fiscalía Regional Metropolitana.
Al integrar la carpeta de investigación correspondiente, la Fiscalía Regional Metropolitana logró la vinculación a proceso contra una mujer, por el delito de trata de personas cometido en contra de una menor de edad de origen guatemalteco.
Los hechos ocurrieron en el mes de noviembre del año 2018 en Mérida, Yucatán, donde la imputada de nombre Griselda “N” habría contactado a una menor de 16 años de originaria de Guatemala, quien se dedicaba a la venta de congeladas.
Griselda convenció a la menor de acudir a su domicilio en donde operaba un negocio tipo Spa ubicado en la colonia Gran Santa Fe Norte, en Mérida, en donde le ofreció un servicio sin costo y a partir de ese momento comenzó a hacerle llamadas telefónicas para que acudiera a su negocio con la promesa de comprarle sus productos.
Posteriormente, en el mes de diciembre del mismo año, le ofreció a la menor trabajo para que limpiara su domicilio y cuidará de sus dos menores hijos, incluso viviendo la menor en el mismo domicilio, lo que finalmente la víctima aceptó.
A partir del mes de enero y en repetidas ocasiones, Griselda le propuso a la menor víctima tomarle fotografías con vestidos y maquillajes que ella misma le proporcionó, realizando varias sesiones para tal fin, en donde la menor víctima es golpeada y amenazada con avisar a las autoridades migratorias si no colaboraba.
Derivado de las agresiones físicas y psicológicas, la menor de edad es obligada a viajar a la Ciudad de México donde mantiene relaciones sexuales en varias ocasiones en distintos hoteles de la capital.
A partir del mes de mayo de 2019, Griselda viaja con la menor víctima a la ciudad de Cuernavaca, en donde la obliga a continuar en sesiones fotográficas con contenido erótico diciéndole que las venderían a distintas personas, al tiempo que es obligada a mantener relaciones sexuales, infringiéndole lesiones en las piernas con agujas y con máquina de descargas eléctricas.
Desde el mes de mayo hasta el mes de octubre del presente año, Griselda mantiene en la ciudad de Cuernavaca a la menor de edad, a quien sigue tomando fotografías y obligándola a mantener relaciones sexuales y es el pasado 9 de octubre cuando le propone hacer un trío sexual.
Ante la negativa de la menor, Griselda la atacó con una máquina de descargas eléctricas, logrando la víctima arrebatar y tirar por una ventana dicho aparato y ante los gritos de amenaza de la agresora, acudió a la habitación el gerente del hotel en compañía de efectivos policiales, ante quienes señaló que la menor se encontraba de manera ilegal en el país.
La adolescente fue trasladada a las instalaciones de migración y posteriormente ante el Ministerio Público especializado en Trata de Personas, dependiente de la Fiscalía Regional Metropolitana, en donde se atendió a la menor y al integrar la carpeta de investigación, se obtuvo de un Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos la orden de aprehensión correspondiente.
Agentes de la Policía de Investigación Criminal, adscritos al área de delitos sexuales y trata de personas, lograron la ubicación y detención de Griselda “N” de 44 años de edad, sobre la carretera Federal Cuernavaca-México, a la altura del Poblado de Santa María Ahuacatitlán, del Municipio de Cuernavaca.
La mujer quedó a disposición del juez al interior del Centro de Reinserción Social “Morelos”, ubicado en el poblado de Atlacholoaya, perteneciente al municipio de Xochitepec.
En audiencia realizada, el juez de la causa valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía Regional Metropolitana, encontrando elementos suficientes para vincular a proceso a Griselda “N” por el delito de trata de personas y concediendo dos meses para el cierre de investigación complementaria, haciendo prevalecer la prisión preventiva como medida cautelar.
En tanto, a la menor víctima se le brindan los mecanismos de atención y protección que corresponden, para continuar con el procedimiento judicial en contra de su agresora para posteriormente establecer su situación ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración.
