Lamentablemente, la semana pasada fue una de las más violentas que se hayan vivido en México durante los últimos meses. La ola generalizada de violencia en el país no es un problema nuevo, pero es una obligación de Estado el garantizar la seguridad interna y externa de la Federación. Hoy, no solo pierde el gobierno, sino perdemos todos los mexicanos.
Los daños e implicaciones de la inseguridad afectan desde lo personal (vida e integridad corporal, libertad personal y seguridad sexual) y lo material (el patrimonio), hasta la familia, la sociedad, la productividad, las inversiones, el turismo, entre otros.
Infortunadamente, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva (delitos registrados en averiguaciones previas) a agosto de 2019 asciende a 1.35 millones de delitos, la cifra más alta desde 2015; en ese periodo ha crecido 7.9% promedio anual.
No obstante, con estimaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019 de Inegi, los delitos cometidos durante 2018 ascienden a más de 33 millones (de los cuales sólo 10.6% fueron denunciados), afectando a 24.7 millones de víctimas.
Las cifras que describen la situación en las empresas no son mejores. La Envipe 2018 publicada por Inegi indica que en 2017 una de cada tres empresas fue víctima de la inseguridad lo que derivó en costos mayores a 155.7 mil millones de pesos (mmdp), equivalentes a 66 mil 31 pesos en promedio por empresa. Desgraciadamente, 98.2% de los delitos fueron perpetrados en micro y pequeñas empresas; asimismo, con datos recientes de la Coparmex, entre mayo y junio de 2019, 55.7% de las firmas ha sido víctima de algún delito en el último año.
Al interior de los sectores, el impacto es mayor y atenta en contra del desencadenamiento productivo. A manera de ejemplo, en cuanto a movilidad terrestre, en Consultores Internacionales, S.C. recientemente estimamos para 2017 afectaciones por 92.5 mmdp en el sector de autotransporte de carga (equivalentes a 0.5% del PIB Nacional) y durante 2018, impactos a ferrocarriles por 26.9 mmdp (0.12% del PIB). En el caso de autotransporte de carga, dicho análisis ha contribuido para demostrar la importancia a las autoridades competentes para reforzar la atención que merece la incidencia delictiva, fijar mecanismos innovadores de seguridad y elevar las penas ante el crimen.
Sin duda las afectaciones económicas al comercio, los servicios, el turismo, la industria, el campo, entre otras actividades, además de incidir en el crecimiento, derivan en daños colaterales en la economía como lo son el aumento del mercado informal y de la ilegalidad.
La relación entre inseguridad, crecimiento y desarrollo es bastante estrecha. Es cuestión de sentido común: una buena seguridad genera un clima estable y buenos negocios, estos generarán crecimiento económico, y este por si sólo abre fuentes de empleo incrementando las ventas y la recaudación de impuestos. La pobreza, el desempleo, la subocupación, el trabajo informal y la contratación en precariedad están ligados a la inseguridad.
Más allá de los impactos domésticos, los costos sociales de la inseguridad han ocasionado el cierre y migración de empresas, caídas en la inversión y en la formación de capital, todo ello traducido en pérdida de competitividad. De acuerdo con el ranking de competitividad del WEF, México cayó dos posiciones debido al ambiente de inseguridad.
Toda esta información indica que es importante reestructurar el sistema de seguridad, basándolo en la prevención, innovación y en contar con personal capacitado. Esto sólo se puede lograr con inversión, programas integrales e infraestructura moderna.
En otras palabras, es evidente que la criminalidad se ha exacerbado en los últimos años y está influyendo negativamente sobre la economía, el mercado laboral y el desarrollo socioeconómico en México; es un tema que debe atenderse con prontitud, no sólo para lograr que la economía tenga un crecimiento elevado, sino para que éste se mantenga en el largo plazo y resulte en un beneficio directo la ciudadanía.
La aplicación del Estado de Derecho sólido en todos los niveles (federal, estatal y municipal), generará un marco que corresponda a una economía competitiva y globalizada, que ayude a atraer inversiones, a generar empleo y a dar certidumbre para fomentar el crecimiento que se traduzca en beneficios para sus ciudadanos. ¡Es nuestra responsabilidad como mexicanos, actuemos por y con México!
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
