El inminente relevo en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, obliga a visualizar el proceso en dos vertientes; la primera a la luz de la impartición de justicia en el día a día de los ciudadanos y la segunda, en una perspectiva de justicia colectiva para vencer la impunidad reinante frente al robo de recursos públicos, que fueron el origen de la megadeuda de Coahuila, desde el inicio del Moreirato hasta nuestros días.
En cuanto al día a día, el aparato de justicia en la entidad fue institucional y materialmente arrasado por la ambición de control de Humberto Moreira, quién desde su toma de posesión, desplegó una política de purga para imponer a su gente.
No quiere decir que en fecha anterior el Poder Judicial de Coahuila fuera perfecto. La falta de una verdadera división de poderes es un vicio arraigado desde tiempos del viejo PRI sin embargo, en Coahuila se privilegiaba la designación de Magistrados con experiencia probada como jueces y se fortalecía el órgano con el nombramiento de elementos con sólidos antecedentes como académicos o abogados litigantes. Si alguna vez se designó a políticos sin mayor mérito, ello ocurrió por verdadera excepción.
La actual Presidenta Miriam Cárdenas Cantú recibió el nombramiento de Magistrada desde el inicio de la era Moreira, y su comportamiento estuvo a la altura del cargo en cuanto a honestidad y eficiencia; una verdadera flor en el pantano del Moreirato. En enero de 2016 Cárdenas fue designada Presidenta del Tribunal para lavar la cara sucia de la Institución en franca decadencia y por añadido, manchada con el desvío ilícito de recursos del Tribunal que se perdieron en la quiebra de Ficrea, institución financiera no autorizada para recibir fondos públicos, en la que se desvanecieron doscientos millones de pesos.
No sabemos si la Magistrada aceptó la Presidencia del Tribunal a partir de un anhelo personal por culminar su carrera Judicial en su más alto nivel o en respuesta a un deber de gratitud con los Moreira, pero lo cierto es que nunca se le vio cómoda en el puesto. Los efectos del escándalo Ficrea, y la aparición de una red de corrupción en el caso de juicios fraudulentos seguidos a nombre del Infonavit, malograron los esfuerzos tímidos realizados por la Magistrada Miriam, para mejorar la impartición de justicia.
En el escenario descrito y conforme al artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila, el Pleno del Tribunal Superior integrado por once Magistrados Numerarios elegirá en los próximos días de entre todos ellos, a quién presidirá el Tribunal por cinco años, a partir del próximo primero de noviembre.
Siguiendo el modus operandi del Moreirato, es de esperar que el gobernador Riquelme se entrometa en el proceso para efectos políticos de control y desde luego, con la pretensión de mantener el la impunidad de los Moreira en los años venideros. Así las cosas, todo indica que el apoyo del Ejecutivo será para Miguel Mery Ayup, quien sin un perfil idóneo ni experiencia en la función judicial, ni como abogado postulante, fue nombrado Magistrado a fines del año pasado.
Lo anterior es considerado por algunos como mal menor, porque temen que Rubén Moreira mueva sus fichas en favor de Homero Ramos Gloria o Iván Garza García, Magistrados que son considerados cómplices, en el cerco de impunidad que protege a los Moreira. Existe además la alternativa de Oscar Aarón Nájera Davis, juzgador de carrera originario de Piedras Negras, Magistrado desde el sexenio de Rogelio Montemayor, que tiene el mérito indiscutible de haber encabezado en el terreno político y académico, la oposición al absurdo y fracasado proyecto de Rubén Moreira, para imponer una nueva Constitución a la medida del Moreirato, para el Estado de Coahuila.
En el tema de Justicia en el Estado de Coahuila, los ciudadanos debemos pugnar por una alternativa que permita avizorar el futuro con otros ojos, distintos a los del Moreirato, que mejore la impartición de justicia en el día al día y rompa el conocido cerco de impunidad que denigra a los coahuilenses.
