Los planteamientos esgrimidos por México, en el contexto de un renovado compromiso multilateral, sin prejuicios ni visiones maniqueas han sido:
1. Una aplicación más humana de la ley. La aplicación de penas inhumanas, crueles y desproporcionadas ha derivado en castigos desmedidos y poco efectivos sobre los eslabones más débiles de la cadena que, en muchos casos, están cooptados por la propia delincuencia. Además de ser su única forma de subsistencia.
Ningún instrumento internacional vigente, ningún Tratado o Convención, establece que la cárcel deba ser la respuesta al consumo de drogas. No obstante la realidad muestra, tanto en México como en otros países, que hay una saturación de los sistemas penitenciarios por delitos menores, con altos costos para el Estado, pero sobre todo para resarcir el tejido social y familiar. Una injusticia que se sobrepone, y no es menor, consiste en que las más afectadas son las mujeres. Es urgente pues, avanzar en la elaboración de un catálogo de alternativas a la penalización tradicional.
2. Reconocer realmente el problema como un asunto de salud pública más allá del discurso. El número de personas con problemas de abuso de drogas a nivel mundial se ha incrementado, no hay dudas. Además, en varias regiones del mundo se registra una disminución en la edad de inicio del consumo. Estos dos elementos ampliamente comprobados, constituyen la mejor evidencia de que la estrategia internacional no ha dado los resultados esperados. El enfoque de salud pública debe ir más allá de la simple reducción de la demanda. Se requiere un nuevo modelo con mejores intervenciones preventivas y programas de reducción de daños.
Las personas con problemas de abuso de drogas requieren apoyo médico y psicosocial. Es un hecho irrefutable: criminalizar, estigmatizar o encarcelar a los usuarios sí son incentivos, pero no para contrarrestar el problema sino para agravarlo.
3. Diferenciar las sustancias para una eficaz política de control. No todas las sustancias sometidas al régimen de fiscalización internacional producen los mismos efectos, ni generan los mismos niveles de dependencia. Es necesario por tanto, pensar en políticas de control y de regulación diferenciadas por sustancia, es decir, políticas que reconozcan, sin prejuicios, sus efectos y/o sus cualidades terapéuticas.
Por otro lado y en contraste, resulta inadmisible que las tres cuartas partes de la población mundial mueran con dolor por falta de acceso a los medicamentos opioides.
4. Atender las causas de la violencia mediante la estrategia del desarrollo sostenible. Regiones enteras del mundo han experimentado un incremento en el número de homicidios violentos. En el caso de México, la violencia como modus operandi de la delincuencia organizada está claramente vinculada con el mercado ilícito de drogas.
La comunidades más vulnerables han sido victimizadas y cooptadas por los diversos brazos de la delincuencia, generando círculos de desintegración y ruptura del tejido social. Las respuestas para esas poblaciones, frecuentemente olvidadas e invisibilizadas, no pueden venir solamente desde la fuerza. Requieren de oportunidades, de servicios y de opciones de desarrollo que atiendan las causas estructurales con una visión de largo plazo.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible ofrece el marco de referencia idóneo para que los esfuerzos en materia de políticas de drogas adquieran una dimensión social, y contribuyan a construir sociedades pacíficas, inclusivas y prósperas.
5. Hacer más coherente y eficiente la cooperación internacional. La cooperación internacional y el multilateralismo son el espacio idóneo para compartir por igual éxitos y fracasos. De ambos se aprende. Ninguna ley o tratado prohíbe formular preguntas o imaginar respuestas que busquen superar los obstáculos que hoy enfrentamos. Los organismos internacionales -y en particular el Sistema de Naciones Unidas- desempeñan un papel central e irremplazable como detonadores de esa cooperación. Partamos de nuevo de la premisa inicial: ningún país podrá solo.
