La secretaria Sánchez Cordero reconoció la 'valentía' de las cuatro mujeres por denunciar los hechos.
El Estado mexicano ofreció este viernes disculpas públicas a las hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez, quienes fueron golpeadas y violadas en 1994, por elementos del Ejército federal, así como también a la madre de las tres mujeres, Delia Pérez, a quien se le obligó a presenciar los agravios.
En el acto, realizado en la plaza central de Ocosingo, encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, las hermanas, originarias del municipio de Altamirano, aceptaron la disculpas aunque se inconformaron porque no acudieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en su calidad de responsables directos de las vejaciones.
"Ana, Beatriz, Celia González Pérez, a nombre del Estado mexicano, les pido una disculpa por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente", subrayó la titular de Gobernación.
A la madre de las ofendidas la funcionaria federal le dijo : "Señora Delia Pérez, le pido una disculpa a nombre del Estado mexicano por su detención ilegal y por el agravio sufrido al atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas".
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, recordó que el 4 de junio de 1994 las hermanas González Pérez y la madre fueron detenidas ilegalmente por miembros del ejército federal en un retén militar del camino al ejido Jalisco, en Altamirano.
Fue así como durante dos horas las mujeres estuvieron ilegalmente privadas de su libertad; las tres hermanas fueron separadas de su madre, "golpeadas y violadas por elementos del Ejército Nacional, una de ellas era menor de edad", detalló el funcionario federal.
Esos hechos, dijo Encinas, fueron denunciados a la entonces Procuraduría General de la República, pero como la investigación no prosperó, en enero de 1996 las agraviadas acudieron ante Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que emitió el Informe de fondo 53/01 en 2001, el cual declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
No se puede ignorar, enfatizó el subsecretario, el contexto en que sucedieron "los terribles agravios de este caso", que partieron del conflicto armado de 1994 en contra de las comunidades y pueblos indígenas, que exigían reconocimiento de sus derechos básicos al trabajo, la tierra, techo, alimentación, salud, educación, libertad, democracia, justicia y paz.
Agregó que no bastaron los 500 años de explotación y marginación: la voz de los pueblos fue callada a toletazos, pero con la disculpa pública, "el Estado Mexicano se compromete a tomar las recomendaciones de la CIDH para realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva", sostuvo.
