El sector empresarial fijó su postura sobre lo acontecido en Culiacán; la Coparmex exigió que se aplique el estado de derecho. (ARCHIVO)
Para el presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Laguna, Fernando Menéndez, la estrategia de seguridad del gobierno federal ha resultado fallida y ante lo ocurrido en Culiacán, se marca un precedente nefasto que aumentará el riesgo de que estas conductas violentas se repitan, para obtener el mismo resultado.
Destacó que la principal obligación de la autoridad es cumplir y hacer cumplir la ley, y consideró que quien no quiera o no tenga la capacidad en su deber de gobernar "debe dejar el cargo de inmediato".
Consideró que el gobierno de Andrés Manuel López cedió al chantaje de los delincuentes, a lo cual se debió la captura y liberación de Ovidio Guzmán López en medio de un operativo fallido y falto de estrategia.
"Al ceder al chantaje, se marca este precedente nefasto", dijo al señalar que el hecho de que una autoridad deje voluntariamente libre a un presunto delincuente detenido, probablemente constituya también un delito.
El presidente de la Coparmex Laguna señaló que durante ya casi un año, se ha dejado operar a los cárteles sin una estrategia que los debilite, pensando que de este modo se iba a pacificar el país, pero lo único que sucedió fue que se fortalecieron para retar al gobierno.
EXIGE SE APLIQUE ESTADO DE DERECHO
A nivel nacional, la Coparmex exhortó al gobierno federal para que prevalezca el Estado de Derecho, además de hacer un enérgico llamado al presidente para que reconozca el problema en su justa dimensión, reevaluar la estrategia en lo que no esté funcionando y hacer los ajustes adecuados en su gabinete para garantizar la seguridad a todos los mexicanos, a través de la aplicación de la ley.
Mediante un comunicado, el organismo manifestó que el uso legítimo de la fuerza es un derecho irrenunciable de la autoridad, siempre acompañado de los protocolos necesarios para preservar la seguridad ciudadana cuando se presentan acontecimientos como éstos.
"Es obvio que las fuerzas policiacas no estaban coordinadas ni existían los protocolos necesarios de actuación", señala.
El documento destaca también que lo sucedido en Culiacán no es un hecho aislado, pues durante la semana ocurrieron situaciones similares en otros estados del país que claramente indican que la estrategia de seguridad del gobierno federal, requiere de ajustes profundos.
El organismo se pronunció porque se aplique la ley contra quienes participaron en los actos de violencia en Culiacán y sobre todo, que el gobierno federal no renuncie al uso legítimo de la fuerza para defender al ciudadano y al Estado Mexicano.
