La sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que condena al periodista Sergio Aguayo Quezada al pago de diez millones de pesos en concepto de reparación de Daño Moral, en favor de Humberto Moreira, pone en un primer nivel de atención el futuro de la libertad de prensa.
Como es del conocimiento, Moreira demandó a Sergio Aguayo, con motivo de un artículo titulado "Hay que esperar", que con motivo de la aprehensión de exgobernador en España, apareció en El Siglo de Torreón el 20 de enero de 2016. En la publicación referida destaca una expresión que ese mismo día el periodista difundió en redes sociales, que constituye la causa esencial de la demanda de Moreira, en virtud de que Sergio Aguayo asentó: "Moreira es un político que desprende el hedor corrupto, que en el menor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana".
A los ojos del coahuilense común y a la luz de las circunstancias vividas durante el Moreirato, la afirmación de Aguayo que antecede no puede considerarse ni falsa ni exagerada sin embargo, los Magistrados de la Ciudad de México fundan y motivan la condena en contra de Sergio Aguayo, atribuyendo a la información periodística en comento, las características de "falsa" y "maliciosa" cuando en la Sentencia los Magistrados dicen: "los insultos al actor (Humberto Moreira) están desvinculados y aislados de una opinión, es decir, no existe en estos un hilo conductor que permita establecer que... es una opinión que abre un debate público...".
Es evidente que los Magistrados que condenaron a Sergio Aguayo en base al argumento que antecede, se hicieron cómplices de Moreira o de plano, no viven en este mundo. Lo anterior porque en el caso, es del dominio público que Aguayo Quezada no se ha limitado a una mera labor informativa, sino que con toda legitimidad, haciendo gala de su compromiso como académico investigador, ha participado en la búsqueda de la verdad de lo acontecido en Coahuila durante el Moreirato, solidarizándose con los familiares de más de dos mil víctimas de desaparición forzosa.
En ese mismo orden de ideas, a partir de una investigación del Colegio de México encabezada por Sergio Aguayo, el ciudadano promedio se enteró de la matanza de Allende acontecida a lo largo de tres semanas a parir del 18 de agosto de 2011, en que tuvo lugar la destrucción del poblado con resultado de más de trescientas personas asesinadas, ante la cómplice indiferencia del Moreirato. El trabajo de Aguayo Quezada está animado por la importancia y trágica trascendencia de lo ocurrido, como lo revela la coincidencia en la investigación de agencias extranjeras que incluyen a la revista National Geographic, como excepción al silencio generalizado posterior a la masacre.
Los anteriores botones de muestra, así como la participación de Aguayo en la investigación de la matanza sistemática en el interior del penal de Piedras Negras, Coahuila, en relación con la cual se descubrió la existencia de un horno crematorio para deshacerse de los cuerpos de la víctimas, revelan la seriedad y el compromiso del periodista y académico con los coahuilenses.
Los antecedentes referidos hacen inadmisible que los Magistrados que hoy condenan a Sergio Aguayo en la demanda de Humberto Moreira, califiquen los planteamientos del periodista como falsos y maliciosos y al contrario, el trabajo de Aguayo tiene la fuerza y la seriedad que se requiere para dar soporte al debate público sobre el tema de la violencia en Coahuila, apoyado en investigaciones académicas calificadas con el respaldo del Colegio de México y otras instituciones de prestigio, además de que todo está confirmado por experiencia propia de los coahuilenses.
La sentencia que hoy condena a Sergio Aguayo fomenta la corrupción y favorece a la impunidad; asocia estos graves vicios de nuestra vida pública a tribunales judiciales de alto nivel, e implica una condena en contra del periodismo de investigación; desalienta la vinculación entre academia y realidad social y por último, entraña una condena colectiva a la comunidad coahuilense en su conjunto.
